EH Bildu rechaza que un ente gestione los puertos pero no logra parar la ley

EH Bildu ha reclamado hoy una gestión directa por parte de la Administración vasca de las instalaciones portuarias deportivas y recreativas de titularidad autonómica en lugar de crear nuevas estructuras para ello, aunque ha fracasado en su intento de paralizar y devolver al Gobierno el proyecto de Ley de Puertos.

El Parlamento Vasco ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad de EH Bildu al proyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco. PNV y PSE han votado en contra (37 escaños), la coalición abertzale y Elkarrekin Podemos a favor (29) y el PP se ha abstenido (9).

La futura ley afectará a la gestión de quince puertos vascos, casi todos deportivos y dedicados al ocio, y quedan fuera de esta normativa los más importantes por su carácter comercial, los de Bilbao y Pasaia (Gipuzkoa), que son competencia del Estado.

El Gobierno Vasco aprobó el pasado junio este proyecto de ley, el mismo texto que envió al Parlamento la pasada legislatura y que tuvo que retirar al ser enmendado por toda la oposición, incluido el PSE-EE, ahora socio del PNV en el Ejecutivo autonómico.

El principal motivo para que la oposición rechazara el texto fue que contemplaba la creación de un ente público de derecho privado, denominado Kaiak, que aglutinaría la gestión de todas las instalaciones portuarias de titularidad vasca en un único modelo, una figura jurídica que, según alertaron varios grupos, podría abrir las puertas a futuras privatizaciones.

A pesar de que el proyecto de ley es el mismo texto que el anterior retirado, PNV y PSE han presentado una enmienda para eliminar de la norma la creación de Kaiak y, en su lugar, acometer una modificación jurídica de la actual sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP), que pasaría a ser un ente público de derecho privado para la gestión de las instalaciones de uso náutico de recreo.

Así, todas las actuaciones en la materia seguirían dependiendo de la Administración a través de EKP y no se podrían producir privatizaciones de la gestión, ha explicado en el pleno la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, durante la defensa del texto normativo.

"La gestión pública queda garantizada", ha subrayado Tapia, un argumento que también han defendido durante el debate el parlamentario del PNV Javier Telleria y el socialista Eneko Andueza.

En la defensa de la enmienda a la totalidad, la parlamentaria de EH Bildu Maider Otamendi ha opinado que la gestión de los puertos deportivos a través de EKP podría escapar al control público y ha defendido que se haga directamente por la Administración en lugar de crear nuevas infraestructuras.

"No es aceptable esa figura jurídica", ha argumentado Otamendi, quien también ha reclamado al Estado la transferencia a Euskadi de los puertos de Bilbao y Pasaia.

Elkarrekin Podemos, por su parte, ha apoyado la enmienda de EH Bildu porque, según ha explicado José Ramón Becerra, la creación de un ente público de derecho privado como el de EKP "no es adecuado y el control público quedaría en entredicho".

Antón Damborenea (P) ha justificado la abstención de su grupo porque, según ha señalado, están preocupados por si la gestión a través de ese ente puede suponer un aumento de los costes para los usuarios de los puertos deportivos.

Al margen de esta polémica, PNV y PSE han presentado otra enmienda al proyecto en la que plantean la constitución de consejos municipales en cada puerto y municipio para que estos órganos de participación institucional sean más cercanos a los intereses de cada localidad.

El proyecto trata de establecer el régimen jurídico aplicable a los puertos e instalaciones portuarias y marítimas, regular la gestión del dominio público portuario y definir la estructura y funcionamiento de la administración portuaria.

Asimismo, prevé regular el régimen económico-financiero derivado de la utilización del dominio público portuario y de la prestación de servicios portuarios, ordenar la actividad de transporte marítimo de pasaje, de mercancías y mixto de competencia del País Vasco y fijar el régimen sancionador, así como las potestades de inspección y control.

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