CyL rechaza impuesto bebidas azucaradas al perjudicar a un sector vital

Castilla y León ha mostrado hoy su rechazo a la imposición de un gravamen sobre bebidas carbonatadas y azucaradas, ya que supondría un "grave perjuicio" para el sector remolachero de la comunidad, que produce el 85% del azúcar de España.

En contra de este impuesto se ha consensuado un manifiesto firmado por la Junta de Castilla y León, las organizaciones agrarias Asaja y Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG, las cooperativas agroalimentarias de la comunidad, Azucarera Ibérica y ACOR, y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE).

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presentado hoy este manifiesto "que está abierto a todas las organizaciones y entidades que quieran adherirse" para pedir que se reconsidere un impuesto que supondría "un torpedo en la línea de flotación de un sector que en la comunidad da empleo a 6.000 personas de forma directa o indirecta".

Según ha explicado, se trata de un gravamen que pretende ser un instrumento de lucha contra la obesidad y los problemas de salud debidos al consumo excesivo de azúcar, cuando "incrementar los precios de los productos no es la mejor solución para frenar malos hábitos de consumo".

En ese sentido, lo lógico sería abordar ese problema "con información, con campañas sobre hábitos de vida saludables u otras medidas que no supongan un tratamiento impositivo que afecta a un sector que para Castilla y León es muy importante, ya que la mayoría de los puestos de trabajo que crea están en el medio rural".

El manifiesto recuerda, además, que dicho sector lleva padeciendo una profunda reestructuración desde 2005, que ha provocado la reducción del 50% de la producción de azúcar, contingentadas por el sistema actual de cuotas, y de las que el 85% se concentra en las fábricas ubicadas en la comunidad.

Se añade que en 2017 finalizará el proceso de reestructuración del sector remolachero-azucarero con la eliminación de las cuotas de producción y tanto los productores, como las empresas y la Junta ya han realizado "un gran esfuerzo" para elevar el nivel de productividad por hectárea.

En opinión del presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, "no es justo que todo ese esfuerzo realizado en esta comunidad se lo quiera llevar Cristóbal Montoro vía impuestos, justificando que es en beneficio de la salud, y contra eso es por lo que vamos a pelear".

Al respecto, uno de los coordinadores de la Alianza UPA-COAG, Aurelio Pérez, ha advertido de que "si lo que se quiere es luchar contra la obesidad infantil, además de elaborar campañas sobre el consumo responsable o los buenos hábitos, podría poner impuestos a los videojuegos o dar ayudas para que se utilice la bicicleta, ya que el sedentarismo es la segunda causa de la obesidad".

"Hacer dogmas dietéticos es temerario", ha añadido el presidente de Urcacyl, Gabriel Alonso, ya que con esta medida lo que puede ocurrir es que, tal y como ha apuntado la consejera, "se demonice un producto como el azúcar", que Castilla y León produce de manera mayoritaria, siendo un cuarto de su producción la que está destinada a bebidas carbonatadas.

También el consejero delegado de Azucarera Ibérica, Juan Luis Rivero, ha recordado que el pasado septiembre el Parlamento aprobó una Proposición No de Ley en defensa del sector remolachero, por lo que la nueva medida impositiva supondría "una contradicción".

Con el manifiesto se ha dado "un primer paso" para luchar por los intereses del sector, al que seguirá un segundo, la creación de la "Mesa de la Remolacha", en la que estarán representados todos los agentes implicados en el mismo y que se reunirá por primera vez la próxima semana para abordar todas sus necesidades.

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