Cortes respaldan el fin de concesiones de autopistas y sueldos de policías

Los grupos de las Cortes de Castilla y León se han puesto hoy de acuerdo para pedir que no se prorroguen las concesiones de las autopistas de la Comunidad cuando éstas concluyan y para reclamar que los sueldos de policías y guardias civiles se equiparen a los de sus homólogos autonómicos.

Durante más de cuatro horas y media, la segunda jornada del pleno de las Cortes ha estado llena de reivindicaciones dirigidas al Gobierno central y también ha logrado el acuerdo de urgir al Ejecutivo central a que vía decreto ley, ante la falta de presupuestos para el 2018, garantice los anticipos del modelo de financiación, las cantidades para hacer frente a la subida salarial de los funcionarios o para cumplir con el pacto nacional contra la violencia machista.

Una propuesta consensuada por los grupos parlamentarios del PP y PSOE, respaldada por Podemos y Ciudadanos, con la abstención del grupo mixto -UPL e IU- ha instado a la Junta a que exhorte al Gobierno de España a no prorrogar las concesiones de las autopistas de la Comunidad una vez que estas finalicen.

Aunque al pleno el PP y el PSOE han llegado con sendas propuestas, al final ha habido un texto de acuerdo relacionado con las concesiones de la autopista AP-6 y sus variantes AP-61 y AP-51, que en principio concluyen en 2019.

Los encargados de presentar en el hemiciclo este acuerdo han sido los procuradores Juan José Sanz Vitorio y José Luis Aceves, de los Grupos PP y PSOE respectivamente, quienes han defendido esta iniciativa en forma de proposición no de ley que el socialista ha catalogado de "histórica" para Castilla y León.

Además, las Cámara ha respaldado por unanimidad que se equiparen los salarios de los policías nacionales y guardias civiles con los de los cuerpos autonómicos, tras un tenso debate en el que han salido desde el terrorismo de ETA a la corrupción.

Con presencia de miembros de asociaciones de las fuerzas de seguridad en la tribuna del hemiciclo, el debate ha partido de una proposición no de ley defendida por el portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, que han secundado en la mayor parte de sus puntos el resto de los grupos, con la incorporación de enmiendas de IU, PSOE y Cs.

La propuesta de resolución se dirige al Gobierno para que esa equiparación salarial se articule entre 2018 y 2020, con quinientos millones al año, se suministren chalecos antibalas adaptados al género de cada agente, haya medidas de flexibilidad horaria que permita a este colectivo la conciliación de la vida laboral y familiar o se incremente un 150% la tasa de reposición de plantillas.

Todos los grupos han compartido que la equiparación salarial supone terminar con una "discriminación histórica" para "dignificar" las retribuciones de los policías nacionales y los guardias civiles, que cobran, según los datos del portavoz de Podemos, entre 600 y 900 euros menos que sus compañeros de los cuerpos autonómicos.

Además, han reclamado a la Junta que urja al Gobierno un decreto ley que ante la falta de presupuestos para 2018 permita a las autonomías recibir las entregas a cuentas del modelo de financiación, atender los servicios esenciales o la subida de sueldo de los funcionarios.

La proposición no de ley la ha planteado el grupo parlamentario del PP y ha contado con el respaldo de Ciudadanos, Podemos y UPL y la abstención del PSOE y de IU.

Además de las entregas a cuenta, se pide a la Junta que urja al Gobierno a que el decreto ley incluya la actualización y mejora prevista de las transferencias finalistas de la administración central para atender los servicios sociales, en particular la dependencia, así como las políticas de empleo.

También para que se asegure la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con sus homólogos autonómicos; la subida retributiva de al menos un 1,5 por ciento para el conjunto del personal al servicio de las administraciones públicas en 2018, con efectos 1 de enero, y la regulación de la oferta de empleo para ese ejercicio.

Añade la propuesta, que se asegure la bajada de la tarifa estatal del IRPF para las rentas más bajas; la dotación de 200 millones para cumplir el pacto de Estado en materia de violencia machista o se garanticen los 116 millones necesarios para que se amplíe el permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas.

No se han aprobado ninguna de las dos mociones debatidas, la socialista que pedía al Gobierno que ratificara las entregas a cuenta de julio de 2017, que según los socialistas fueron "recortadas" en más de 200 millones de euros; y la defendida por Podemos para dar un giro "de 180 grados" a la política sanitaria con más de una veintena de medidas.EFE

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