Climent reitera ante el sector la necesidad de contar con una Ley de Minería

El conseller de Economía, Rafael Climent, ha insistido hoy en la Mesa de la Minería en la necesidad de contar con una Ley de la Minería que sea sostenible y permita el desarrollo del sector.

Climent ha reiterado que la Conselleria seguirá adelante con el compromiso de una ley valenciana y ha afirmado que no se puede confiar, ni esperar a que sea el Estado el que lo haga, ya que la Ley estatal de minas vigente es de 1973, ha informado la Generalitat.

La nueva ley tiene que ser sostenible y contar con la participación de los municipios porque se debe velar por la preservación medioambiental, de forma que la actividad extractiva sea compatible con un desarrollo sostenible.

Climent ha apostado por lograr el consenso con el sector de la minería, de forma que se puedan conciliar los intereses de la industria extractiva con la "irrenunciable apuesta" por la sostenibilidad y el territorio.

Se ha comprometido con el sector a dar solución a la problemática más urgente y para ello ha acordado la creación de un grupo de trabajo que se centrará en la adecuación de las explotaciones mineras existentes a la regulación medioambiental y de ordenación territorial y un segundo grupo, encargado de abordar los criterios de las garantías económicas sobre restauración.

Ambas mesas empezarán a trabajar de forma inminente, para poder incorporar en el mes de mayo sus aportaciones y, de este modo, continuar con la tramitación administrativa del anteproyecto de ley de minería sostenible de la Comunitat Valenciana.

El objetivo de la Ley de Minería Sostenible será compatibilizar la obtención de las materias primas necesarias para los sectores productivos, el respeto al medio ambiente y la ordenación territorial.

Además, establecer un entorno jurídico más favorable, transparente y participativo en el desarrollo de la industria extractiva.

La ley profundizará en la coordinación de las administraciones públicas y órganos que intervienen para simplificar al máximo la carga administrativa asociada a la obtención de los diferentes permisos que habilitan para el desarrollo de las actividades mineras.

.