Asociaciones de renovables y ecologistas piden a Energía subastas anuales

Un grupo de patronales del sector renovable, organizaciones medioambientales y otras entidades sociales han pedido al Ministerio de Energía, Turismo[…]

Un grupo de patronales del sector renovable, organizaciones medioambientales y otras entidades sociales han pedido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que las subastas de nueva capacidad renovable se celebren cada año y que sean transparentes y sencillas.

Trece asociaciones y entidades -entre ellas la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Greenpeace o WWF- han elaborado una propuesta en la que plantean las normas básicas que, en su opinión, deberían seguir las subastas, informaron hoy en un comunicado conjunto.

Las organizaciones firmantes reclaman que las subastas se convoquen cada año y respondan a una planificación energética a medio y largo plazo a nivel nacional.

Esta planificación debería definir los objetivos de energía producida y el futuro reparto entre las distintas tecnologías para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea (UE) y en el Acuerdo de París.

Según los firmantes, el sistema de licitación debe ser "sencillo y competitivo y cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea (CE)" en materia de energía y medio ambiente.

Las asociaciones piden que el producto subastado sea la energía que se compromete a generar el solicitante y que el criterio de elección sea el precio ofertado por producir esa energía.

Según la propuesta, al adjudicarse cada oferta al precio al que se ha licitado "se evitarán las distorsiones producidas por el diseño marginalista".

Los firmantes también reclaman "la recuperación de la seguridad jurídica y la garantía de una retribución estable" para las inversiones ya efectuadas.

A finales de octubre, el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, avanzó que su departamento planeaba realizar una subasta este año, probablemente en diciembre, para construir nuevas instalaciones renovables por una potencia mínima de 1.000 megavatios (MW).

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