El Gobierno aprueba compensaciones de 91 millones por los costes de CO2

El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria para la concesión de subvenciones por un máximo de 91 millones de euros, para compensar a grandes consumidores de energía eléctrica por los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (CO2) de 2018.

De esta cuantía, 71 millones serán aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el resto por el Ministerio de Industria, ha informado este viernes el departamento encabezado por Reyes Maroto en un comunicado.

Industria ha subrayado que la cifra de 91 millones multiplica por quince la última convocatoria ordinaria (2018), dotada con 6 millones de euros.

Con esta medida, el Gobierno responde a la demanda de la industria electrointensiva y refuerza la competitividad de empresas radicadas en España que operan en mercados internacionales y que no pueden repercutir esos costes en el precio de venta de sus productos, según la misma fuente.

Este instrumento está incluido en el borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, publicado recientemente y que busca proporcionar un marco de estabilidad y potenciar el crecimiento económico y la competitividad de la industria.

Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir las obligaciones recogidas en el real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España y asociadas al mantenimiento de la actividad industrial.

La actividad productiva durante 2018, objeto de esta convocatoria, ha de ser justificada por un verificador acreditado y la intensidad de la ayuda no podrá superar el 80 % de los costes subvencionables incurridos en 2018, según Industria.

El borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo ha suscitado críticas de la industria afectada porque no contiene las medidas necesarias para equiparar los costes eléctricos de los grandes consumidores industriales a los de otros países europeos.

Tras su publicación, Alcoa alertó de que el estatuto no aporta las soluciones que necesita la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad, lo que podría poner en riego la viabilidad de su planta de aluminio en el complejo de San Ciprián (Lugo) y la venta de las plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña.

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