Vía libre a la ley del 'chivatazo'
Lo que parecía imposible ha ocurrido. El PP y Ciudadanos se han unido a los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (PDeCAT) para sacar adelante una proposición de ley de los populares que introduce cambios en la supervisión de la CNMV y del BdE y que pretende habilitar canales para denunciar infracciones cometidas por entidades financieras.
Lo que parecía imposible ha ocurrido. El PP y Ciudadanos se han unido a los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (PDeCAT) para sacar adelante una proposición de ley de los populares que introduce cambios en la supervisión de la CNMV y del BdE y que pretende habilitar canales para denunciar infracciones cometidas por entidades financieras.
El Pleno del Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley del PP cuyo objetivo es favorecer las denuncias y la investigación de las infracciones cometidas por entidades financieras y proteger a los consumidores. El texto modifica la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito y la Ley del Mercado de Valores actual, para dotar a la CNMV y al Banco de España (BdE) de nuevas competencias sancionadoras y posibilita la trasposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas.
Según manifestó Miguel Ángel Paniagua, diputado del PP, y encargado de defender la iniciativa en el Congreso, «la proposición de ley habilita, por un lado, un canal adecuado para que toda persona que disponga de conocimiento o sospecha fundada de incumplimiento de las obligaciones en materia de supervisión de entidades de créditos tenga la posibilidad y el derecho a comunicarlo al Banco de España con las debidas garantías. También se establece un régimen especifico para que toda persona que conozca la comisión de posibles o reales infracciones tenga la posibilidad y el derecho de comunicarlas a la CNMV».
Esta medida ha sido bien acogida por parte de los representantes de los consumidores. En opinión de Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), «toda iniciativa dirigida a mejorar el control sobre las entidades financieras es positiva en sí misma». No obstante, reconoce que la denuncia no supone que, posteriormente, se sancione a las entidades financieras infractoras, «significa que la CNMV o el BdE tienen la obligación de investigar y realizar diligencias previas». La CNMV tiene un plazo de tres meses para valorar las denuncias por fraude.
Las comunicaciones que se presenten ante el supervisor de mercados podrán hacerse de forma anónima, no así las que se realicen ante el Banco de España. En este caso deben incluir la identificación de la persona que las formula y pruebas que demuestren «razonablemente» que se ha producido una infracción. En opinión de Patricia Suárez, que en las denuncias al BdE no se contemple el anonimato puede «frenar» a trabajadores de entidades financieras a denunciar las infracciones que cometan sus empresas: «Las denuncias anónimas favorecen que se den a conocer malas prácticas. Sin embargo, cuando la denuncia es con nombre y apellido se genera en el denunciante un umbral de resistencia, por su propio bienestar económico y personal, que es complicado superar».
A pesar de ello, considera que la denuncia anónima tiene un «único» problema y es que genera «mucho ruido»: «Aumentan las denuncias infundadas, impulsadas por la venganza o la voluntad de desacreditar».
ACCESO AL CORREO Y A REGISTROS TELEFÓNICOS
Otro de los aspectos más destacados de la proposición de ley es que plantea introducir cambios que posibiliten el acceso de la CNMV a registros telefónicos y a la información que se transmita mediante correo electrónico en el transcurso de una investigación, siempre que «resulten imprescindibles para el ejercicio de dichas labores». La cesión de estos datos requerirá la obtención de una autorización judicial.
Según Javier Flores, responsable de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), la actual Ley del Mercado de Valores, en su artículo 85, ya autoriza a la CNMV a requerir los registros telefónicos y de tráfico de datos de que dispongan las entidades investigadas, la nueva norma lo que hace es desarrollar y concretar esta autorización. En su opinión, «hoy por hoy, la CNMV es uno de los organismos públicos que más derechos y facultades de supervisión tiene, aunque los utiliza menos de lo que podría». Entre ellos destaca los de recabar cualquier documento, pedir registros telefónicos, entrar en una sede y solicitar embargos. «Esto es algo que le da mucho poder, pero raramente ejerce estos derechos porque hacerlo puede resultar muy delicado».
EMPLEADOS 'BLINDADOS'
Otra de las medidas de la iniciativa del PP es que 'blinda' al denunciante para que su información no constituya una infracción dentro de la normativa laboral ni que de la denuncia se derive «un trato injusto o discriminatorio por parte del empleador».
Este blindaje es «necesario» para Patricia Suárez porque «el denunciante veraz, en contra de lo que opina mucha gente, realiza un servicio a la entidad financiera y a la sociedad en su conjunto. En consecuencia, hay que protegerlo de las posibles medidas que pudiera tomar contra él su empleador».
También Javier Flores cree que esta medida es «un acierto absoluto», ya que «hemos visto fuera del ámbito financiero cómo denunciantes de prácticas de corrupción política se enfrentan después a denuncias en su contra por revelación de secretos o a despidos disciplinarios. Esta es una garantía absolutamente necesaria para el trabajador que denuncia».
Con la proposición de ley, el Gobierno también pretende reforzar los servicios de reclamaciones y protección de los supervisores financieros, reforzar los derechos de los consumidores y usuarios y avanzar en la mejora de la transparencia bancaria, señaló Miguel Ángel Paniagua en su intervención ante el Pleno del Congreso.
¿ESTAS MEDIDAS FRENARÁN LAS INFRACCIONES?
La pregunta que surge tras la tramitación de la norma es si las medidas que integra conseguirán frenar y reducir las infracciones cometidas por las entidades financieras. En opinión de Patricia Suárez, más que reducirse aumentará el número de infracciones que se investiguen, y, en su caso, se sancionen porque habría más denuncias: «Es verdad que la entidades financieras pueden tener cierta precaución para incumplir la normativa con un sistema más ágil de denuncias, pero no sucede siempre así. La existencia de órganos de cumplimiento normativo específicos en las entidades no impidió ninguna de las malas prácticas bancarias y financieras como las preferentes, la cláusula suelo, los swaps o las hipotecas multidivisa».
La tramitación de la proposición de ley será por vía de urgencia, según Paniagua, «con el objetivo de trasponer cuanto antes las directivas pendientes».
¿CÓMO DENUNCIAR LAS INFRACCIONES ANTE LA CNMV?
En enero de este año, la CNMV abrió un canal de comunicación de posibles infracciones que garantiza la protección del informante.
La función de esta herramienta, disponible en la web de la CNMV, es facilitar la recepción de comunicaciones de personas que tengan información sobre presuntas infracciones de normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores.
Si el informador desea revelar su identidad, debe facilitar su nombre, ocupación o cargo y la fuente de la información. Estos detalles darán mayor credibilidad a la comunicación. Para contactar se puede enviar un correo electrónico a comunicacióndeinfracciones@cnmv.es o llamar al 900 373 362. Si el denunciante decide no revelar su identidad, puede utilizar la herramienta de información anónima.
El horario de atención telefónica es durante las 24 horas de lunes a domingo.
Si te ha interesado este reportaje, también te puede interesar:
Apoyo unánime al canal de la CNMV para denunciar abusos de mercado
