Trump abre la caza masiva a los 'sin papeles'

El sheriff Joe Arpaio fue derrotado en las urnas en noviembre pasado, pero ese mismo día Donald Trump heredó de los votantes el poder para trasladar a todo el país el régimen de terror que el sheriff imponía a los inmigrantes sin papeles del condado de Maricota. Sus víctimas son ahora los 11 millones de inmigrantes sin papeles que se estiman en todo Estados Unidos. Como sus hombres de Phoenix (Arizona), los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podrán deportar expeditamente a todo el que atribuyan causa probable de haber cometido un crimen. Y por crimen basta con trabajar ilegalmente en EE UU o utilizar sus servicios sociales.

Esta definición no llegará a oídos de sus seguidores, que siguen aferrados a su promesa de limpiar el país de «criminales». No habrá pausa. Salvo que los sin papeles detenidos puedan demostrar que llegan más de dos años viviendo en EE UU ni siquiera pasarán por un juez antes de ser deportados. Esa agilidad incluirá a los que estén a la espera de que los tribunales decidan sobre su solicitud de asilo político, un trámite que ya no les servirá de coartada.

Hasta ahora ese proceso expedito se limitaba a los que eran detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y no llevaban más de 14 días en el país. Hoy, como recordó ayer el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer, «todo el que esté en este país ilegalmente es susceptible de ser deportado». Según él, lo que hacen los nuevos memorándums es dar prioridad a las deportaciones de los que se hayan señalado ante la ley o acaben de llegar al país. El Gobierno de Obama deportó en sus ocho años a 2,7 millones de inmigrantes sin papeles, pero limitó las expulsiones a los que acababan de cruzar la frontera o habían cometido crímenes serios.

Con esta directiva el departamento que ahora dirige el general retirado John Kelly ordena también la contratación de 10.000 nuevos agentes de Inmigración y Aduanas y otros 5.000 patrulleros fronterizos para llevar a cabo la promesa electoral de efectuar «deportaciones masivas», dijo el congresista californiano Tony Cardenas. «Me da igual cómo lo quieran llamar ellos», protestó. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sostuvo enérgicamente que «eso es producto de la imaginación de la gente, nosotros no tenemos medios para llevar a cabo deportaciones masivas», dijo en conferencia telefónica con la prensa.

Los 'dreamers', en el aire

El Gobierno pretendía evitar el pánico y vender el titular de que los llamados 'dreamers', 'soñadores', han sido salvados de la quema, pero la suerte de estos 750.000 jóvenes que se acogieron a la amnistía temporal de Obama sigue en el aire. Uno de ellos, Daniel Ramírez Medina, de 23 años, padre de un niño de tres, fue detenido en Seattle la semana pasada durante una redada migratoria que tenía a su padre entre los objetivos. A los agentes de inmigración no les importaron sus papeles de trabajo, emitidos bajo el programa de Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA, por sus siglas en inglés), cuando le encontraron durmiendo en el salón de su padre. Según su abogado, incluso han falsificado una nota que el joven mandó a los funcionarios de prisión pidiendo que le sacaran del pabellón de pandilleros. Al borrar la primera parte de la frase parece que admite su pertenencia a una banda callejera, lo que anularía la validez de sus documentos.

De acuerdo con las directrices emitidas ayer, los agentes de inmigración no buscarán a los jóvenes como él, sino a los padres que traigan ilegalmente a sus hijos al país, a los que acusarán de ser traficantes de seres humanos. Es con esas vueltas de tuerca con las que los abogados de la Casa Blanca esperan poder saltarse la resistencia de los tribunales y derrotar poco a poco la resistencia popular.