Salvador anuncia soluciones a miles de expedientes de vivienda paralizados

La consellera de Vivienda, María José Salvador, ha anunciado hoy en Les Corts que el Consell va a crear un marco legal, a través de la Ley de Acompañamiento, para que una vez resueltos "miles" de expedientes pendientes de tramitar de las ayudas del plan estatal de vivienda de 2005-2008 y 2009-2012, se puedan reconocer las obligaciones y abonar las ayudas.

Salvador, que ha comparecido en el pleno de Les Corts a petición del PP, ha recordado que el actual Consell "encontró en un cajón más de 1.400 expedientes de ayudas a la vivienda sin resolver, por valor de más de 60 millones de euros, que habían quedado paralizados por instrucción de la anterior consellera, Isabel Bonig".

"El anterior gobierno cuando se encontró con la imposibilidad de seguir tramitando más ayudas, que había convocado sin consignación presupuestaria, decidió realizar una instrucción interna para que todos los expedientes de concesión de ayudas en tramitación, independientemente de la fase en la que se encontraran, se resolvieran de forma negativa por falta de recursos económicos", ha indicado.

"Sin embargo, ante la falta de cobertura legal, los servicios territoriales de la conselleria no acataron esta instrucción y, como consecuencia, estos expedientes quedaron paralizados en un cajón", ha agregado Salvador.

La consellera también ha sido interrogada por los diferentes grupos sobre medidas adoptadas para combatir los desahucios y las medidas para garantizar el derecho a la vivienda contempladas en la Ley de Función Social de la Vivienda.

A juicio de la diputada del PP Elisa Díaz, las medidas puestas en marcha por el Consell son un "plan de choque" que hace propio las medidas ya puestas en marcha por anteriores gobiernos del PP.

En este sentido, ha reprochado al Consell que aluda constantemente a las dificultades que encuentra para poner solución a los desahucios por la falta de competencia en muchos ámbitos porque "sucedía lo mismo cuando gobernaba el PP" y además ha recordado que un Gobierno central del PSOE el que permitió los "desahucios exprés".

El diputado socialista Rafael Briet ha lamentado que el Gobierno central no promueva cambios en la ley hipotecaria y en la ley de segunda oportunidad y que recurra "por sistema" leyes autonómicas que pretenden mejorar los índices de desahucios.

Belén Bachero, de Compromís, ha afirmado que "fue el PP quien optó por desproteger a los trabajadores con una reforma laboral y rescatar a la banca sin exigir nada a cambio. Fue un negocio redondo, recuperaron el dinero que prestaron a los ciudadanos con fondos de todos. Ellos (la banca) ya están recuperados y la gente sin vivienda, que ahora es propiedad del banco malo o de fondos buitre".

La diputada de Ciudadanos María José García, ha pedido al Consell que aclare si la citada ley de Función Social de la Vivienda es o no "expropiatoria" y en caso afirmativo de qué presupuesto se dispone.

Por su parte, César Jiménez, de Podemos, ha reclamado que se apliquen nuevos mecanismos de coerción a los bancos porque "los datos de desahucios siguen siendo muy preocupantes".

En respuesta a estas intervenciones, la consellera María José Salvador ha reprochado al PP que pida explicaciones sobre los datos de desahucios cuando "vienen de gobernar 20 años" y ha apuntado la posibilidad de incluir "medidas de mediación en la ley contando para ello con los colegios profesionales".

"No tenemos competencias jurídicas para obligar a los bancos a que cedan sus viviendas o lleguen a acuerdos, ya quisiéramos, pero agradecemos a las cajas que se han adherido a declaraciones de intenciones o moratorias sobre desahucios", ha añadido la consellera.

"Antes teníamos una consellera preocupada en viajar a Londres o Helsinki para vender viviendas de segunda residencia a extranjeros, ahora nosotros estamos reformando el parque público de vivienda para la gente y favoreciendo la contratación de parados para esas labores", ha concluido Salvador.

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