Puerto Rico continuará con problemas de liquidez a pesar de los ajustes

Puerto Rico continuará con graves problemas de liquidez a pesar de los ajustes que ha introducido el Gobierno obligado por una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Washington para solucionar el problema de su millonaria deuda, según fue dado a conocer hoy durante una reunión de esa entidad.

La Junta de Supervisión Fiscal, establecida por la Ley Promesa que fue aprobada el pasado verano por el Congreso estadounidense, al que se supedita como Estado Libre Asociado de EEUU Puerto Rico, celebró hoy su tercera reunión -la primera en la isla-, en la que se criticó el plan con el que el Ejecutivo quiere dar solución al problema de la liquidez y deuda.

Las críticas de los participantes se suman a una presentación que dio a los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal la consultora Conway MacKenzie, que pronosticó un escenario negativo para el cierre del presente año fiscal a pesar de las medidas del Ejecutivo, que tras las elecciones del pasado día 8 de noviembre cambiará de Gobierno en enero.

La firma de consultoría dio a conocer durante una reunión celebrada en un hotel de Fajardo, municipio de la costa este de la isla, que el Gobierno ha reducido el pago a sus proveedores para compensar la falta de acceso a financiación en los mercados internacionales, cerrados para la isla caribeña tras los impagos de varios vencimientos.

Rogelio García, representante de la consultora Conway MacKenzie, informó a los miembros de la Junta de que el Gobierno adeuda a sus proveedores actualmente 1.500 millones de dólares, que se irán pagando gracias a que la Ley Promesa establece una moratoria en el pago a los acreedores.

El Gobierno, según la exposición de la consultora, mantiene operaciones gracias a la moratoria, pero que se trata de un alivio temporal que terminará a mediados de febrero, cuando finaliza ese beneficio de la normativa, lo que hace prever que los problemas de liquidez se agravarán.

Además, el fin de la moratoria significa que a partir de esa fecha los acreedores podrán llevar a los tribunales al Gobierno de Puerto Rico, de lo que queda actualmente a salvo por la Ley Promesa.

La Hacienda de Puerto Rico, al finalizar la moratoria en febrero, presentará un balance negativo de 1.300 millones de dólares que no podrá financiar por la falta de acceso a los mercados de deuda.

A ese desalentador panorama se suma las críticas vertidas por los participantes en la reunión al Plan Fiscal del Gobierno presentado para atender los problemas de liquidez y que exige la Ley Promesa.

El presidente de Bonistas del Partio -una asociación de ahorradores de la isla afectados por el impago de la deuda-, Jorge Irizarry, dijo que el plan presentado por el Gobierno no es viable y que no pagar a los acreedores terminará por repercutir negativamente en la economía.

La presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Alicia Lamboy, señaló por su parte que el plan presentado por el Gobierno no establece prioridades de gastos e inversiones.

Néstor Ortiz, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de la Industria Farmacéutica, dijo que el plan del Gobierno adolece de información precisa, en especial sobre los ingresos previstos.

Por parte de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, Ana Matosantos, advirtió al Gobierno de Puerto Rico de que para completar su plan no se deben esperar fuentes de ingresos adicionales llegados desde Washington DC.

La cita también contó con la exposición de representantes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), corporación estatal que queda bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal, que dieron a conocer los problemas de la compañía.

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, anunció que el Plan Fiscal presentado por el Gobierno no será certificado a la espera de la introducción de cambios.

La reunión no se vio alterada por las protestas a las puertas del hotel donde se celebró el encuentro por decenas de personas que consideran que la Junta atenta contra la democracia local.

Además, una persona fue detenida durante otras protestas frente a las oficinas de la Junta en San Juan.