Policía de Nicaragua presenta a miembro de Alianza Cívica como "terrorista"

La Policía de Nicaragua presentó hoy al miembro de la Alianza Cívica Edwin Carcache como "terrorista", dos días después de que el movimiento denunció su arresto, en medio de una crisis que ha dejado entre 322 y 481 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, desde abril.

"Son autores de actos terroristas en tranques, destrucción, saqueo, daño de recintos universitarios, instituciones públicas, privadas, autobuses de transporte colectivo, secuestro, robo, torturas de personas, creando terror y zozobra", dijo el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Farle Roa, a través de medios del Gobierno.

Carcache fue presentado junto con otros jóvenes acusado de los mismos delitos, identificados como Carlos Lacayo, Jonathan Lacayo, Jefferson Padilla y Danilo Sánchez.

La Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, ya había rechazado el arresto de Carcache, mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) lo calificó de "ilegal".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado información sobre Carcache el pasado martes, con el objetivo de confirmar su detención, pero las autoridades no brindaron datos sobre el universitario, hasta esta mañana.

Organismos humanitarios locales incluyen a Carcache en la lista de al menos 135 "reos políticos" desde el estallido social de abril, cifra que podría elevarse a más una cantidad entre 400 y 500 si se incluyen a los desaparecidos, según han advertido.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega también negó dichas acusaciones, y ha sostenido que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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