Pola ve posibilidades para poner en marcha de la regasificadora de Gijón

El consejero de Industria, Isaac Pola, ha destacado hoy que la aprobación por parte del Gobierno central de un nuevo decreto sobre el sector gasista abre la posibilidad de la puesta en marcha de la regasificadora de Gijón, paralizada por orden judicial tras una inversión de unos 360 millones de euros por vulnerar su construcción la normativa vigente entonces.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una reunión del Foro por la Industria, en el que están representados el Gobierno, la patronal FADE y los sindicatos CCOO y UGT, Pola ha apuntado que la nueva norma, aprobada el pasado viernes y que modifica tres reales decretos anteriores, regula cuestiones como las autorizaciones y las nuevas funcionalidades del sistema gasista.

Las nuevas disposiciones, ha apuntado, "suponen la posibilidad de retomar la tramitación" de la regasificadora de El Musel.

De esta manera, una ver ordenada la situación administrativa de la infraestructura se podrá abrir una segunda fase para la recepción de ofertas comerciales para su utilización total o parcial.

Según ha destacado el consejero, entre las nuevas funcionalidades que aborda el nuevo real decreto se encuentra el "bunkering" (repostaje de barco a barco) de gas natural licuado (GNL) en los puertos españoles.

El real decreto adapta la regulación para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones gasistas y hacer un uso más eficiente de los que existen, todo ello con el objetivo de impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas y mejorar el funcionamiento del mercado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en 2013 anuló la autorización de construcción de la regasificadora en un fallo que tres años después fue confirmado por el Supremo, rechazó el pasado mes de octubre la demolición de la infraestructura, tal y como reclamaba Equo.

El TSJM argumentó que la sentencia ya está "ejecutada en su totalidad" con "la mera declaración de nulidad" de la autorización, "sin necesidad de demolición", y aludía además a la "posible convalidación" de la autorización anulada, ya que la causa de anulación fue derogada hace casi una década, "siendo, a día de hoy, plenamente compatible con el marco legal aplicable".

La autorización de la construcción de la planta se produjo por el incumplimiento de la normativa que en aquel entonces prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas.

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