Perú buscará a las miles de personas desaparecidas por la violencia interna

A pocas semanas de terminar su Gobierno, el presidente de Perú, Ollanta Humala, respaldó un hito en la defensa de los derechos humanos, tras promulgar hoy la ley que permitirá la búsqueda de miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que asoló su país entre 1980 y 2000.

El gobernante, que dejará el cargo el próximo 28 de julio, promulgó el decreto que oficializó la ley, que había sido aprobada por el Congreso el 26 de mayo pasado y tras recibir pedidos en ese sentido de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La medida, tomada dos días antes del vencimiento del plazo legal en el que podía ser oficializada, incide en el aspecto humanitario de esa tarea y reconoce los derechos de los familiares de los desaparecidos, por lo que dispone medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos.

Precisa, además, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la entidad encargada de aprobar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento del Plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Según la ley, el Registro nacional de personas desaparecidas y de Sitios de entierro será una base de información autónoma que centralizará, sistematizará y depurará la información suministrada por las entidades relacionadas con el proceso de búsqueda.

Al respecto, la adjunta de Derechos Humanos para la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, saludó la promulgación de la ley y dijo que "marca un hito en la historia del país".

"Entre otras cosas, permitirá aliviar la incertidumbre de los familiares de las personas desaparecidas. Es una norma que tiene un carácter esencialmente humanitario, a la vez que contribuye a afianzar el proceso de memoria colectiva", declaró a Efe.

Vignolo explicó que si bien el proyecto de ley fue presentado en abril ante el Congreso por la Defensoría del Pueblo, la norma "fue promovida y alentada siempre por las asociaciones de familiares de víctimas", por lo que pidió destacar la "tenacidad" de estos.

"Es cierto que el Estado estaba haciendo esfuerzos en temas de reparación, pero esta norma va a permitir que tengamos un trabajo ordenado, porque implica un registro nacional de búsqueda consensuado con todos los organismos involucrados en el proceso y en el que participarán los familiares", agregó.

Destacó, además, que para iniciar las búsquedas ya no se requerirá de procesos judiciales previos y que los familiares no solo recibirán "apoyo logístico", sino que también contarán con un "soporte emocional" especializado.

El lunes, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Fundación para Debido Proceso Legal (FDPL) señalaron que los familiares de más de 15.000 desaparecidos en Perú esperaban la decisión de Humala y que ya se ha encontrado los restos de 3.100 desaparecidos, de los cuales solo se ha identificado a 1.775.

Vignolo comentó, al respecto, que en el Estado peruano "no hay una cifra" precisa sobre el total de desaparecidos y consideró que "el primer trabajo" que se debe hacer "es sincerar" esto.

"El Ministerio público las ha establecido en más de 15.000, mientras que el Consejo de Reparaciones tiene hasta ahora cerca de 9.000 víctimas, pero esa cifra podría seguramente incrementarse, porque hay personas que no han denunciado", dijo.

Añadió que actualmente "hay más de 6.000 sitios de entierro ya ubicados" y que la zona más afectada fue la región sureña de Ayacucho, donde irrumpió Sendero Luminoso en 1980 y se ha detectado más de 4.000 sitios de entierro.

La promulgación de la ley también fue considerada "una buena noticia" por la congresista y líder del izquierdista Frente Amplio, Verónika Mendoza, quien dijo que "reaviva la esperanza de miles de familias de encontrar a sus seres queridos".

Mendoza agregó que los representantes de su organización política, que tendrá 20 congresistas en el período 2016-2021, estarán "vigilantes para que la ley se implemente a cabalidad".

El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) estableció en 2003 que la violencia interna en Perú dejó casi 70.000 víctimas, la mayoría a manos de Sendero Luminoso. EFE.

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