Pensiones vinculadas al IPC, una 'solución' que no convence

El preacuerdo de los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo de vincular la subida de las pensiones solo a la inflación no ha gustado. Ni a los expertos, que se preguntan de dónde va a salir el dinero para afrontar la subida, ni a una parte del Gobierno, que cree que esta medida pone en peligro la sostenibilidad de las pensiones. 

Más de año y medio han tardado los integrantes del Pacto de Toledo en llegar a un preacuerdo con el que tratar de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Su 'solución' consiste en vincular la subida de las pensiones únicamente al IPC. Se trata de un primer paso, pero poco firme y cortoplacista que ha atraído muchas críticas, entre ellas las del Gobierno que se quiere desmarcar de esta medida. 

El primero en reprobarla fue el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, al asegurar que la indexación de las pensiones solo al IPC causa a largo plazo «efectos perversos». Luego fue la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha criticado la vinculación de las pensiones solo a la inflación, ya que considera que es necesario analizar la sostenibilidad del sistema teniendo en cuenta otras variables como las demográficas, el empleo, los salarios o los años de cotización.

De la misma opinión es Jordi Fabregat, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, para quien ligar las pensiones públicas de jubilación a la subida del IPC sin tener otras fuentes de financiación es «un tema electoralista que no acarreará ninguna solución, porque esto es algo que el sistema no se puede permitir». Lo único que se logrará con esta medida, a su juicio, es «hacer la pelota más grande y dejar el problema a los políticos que vengan dentro de diez o quince años». Considera que los partidos «no deberían ceder a medidas populistas que nadie sabe cómo se van a financiar». 

María Romero, consultora de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales (Afi), coincide en señalar que «se trata de una cesión a la presión social que ha provocado el descontento por la actualización de las pensiones con el índice de revalorización aprobado en 2013». 

LOS NÚMEROS HABLAN

Pero encontrar las medidas que garanticen la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social y acabar con su déficit -tarea encomendada a los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo- no es fácil y los números juegan a la contra. El Gobierno se enfrenta a un déficit de la Seguridad Social para este año de 19.000 millones de euros. Además, según fuentes del Ministerio de Hacienda, la cifra destinada al pago de pensiones en 2018 es de 144.834 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 5.000 millones respecto al ejercicio anterior. A esto hay que añadir que España cerró 2017 con 8.646.060 pensionistas, que cobraban 9.514.801 pensiones, cuya media rondaba los 920 euros al mes. 

Y la situación tiende a empeorar. Según el Consejo de Economistas, el número de pensionistas aumentará hasta los 15 millones a mediados de siglo y, sin cambios en el sistema de pensiones, este incremento solo podría ser compensado con un aumento de los afiliados a la Seguridad Social desde los 18.862.713 millones actuales a los 28 millones, «lo que parece poco probable según las proyecciones demográficas del INE, de Naciones Unidas o de la Comisión Europea», señalan desde el Consejo. Por todo ello, una reforma del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad se hace cada vez más urgente.

SOLUCIONES

Entre las medidas que podrían garantizar su supervivencia, Jordi Fabregat apunta ajustar el crecimiento de las pensiones a la situación económica, «que es lo que se ha hecho en los últimos años», e implantar el factor de sostenibilidad de las pensiones que tendría que entrar en vigor en 2019 y que disminuiría la pensión inicial en función de la esperanza de vida del jubilado. A su juicio, estas dos medidas «son totalmente razonables pero los gobiernos no tienen voluntad de pacto para llegar a un acuerdo sobre ellas». 

Otra de las iniciativas que, en su opinión, debían potenciar desde el Gobierno para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo es promocionar los planes de pensiones de empleo porque «son más rentables que los fondos de inversión y que los planes de pensiones individuales».

Por su parte, Eva María Blázquez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cree que para salvar el sistema público de pensiones sería necesario un cambio en el mercado laboral «que evite las jubilaciones anticipadas», ajustar la edad media de jubilación a la edad legal de jubilación, analizar los medios de financiación de los costes del sistema de la Seguridad Social y adaptarlos a la nueva realidad y diferenciar una pensión mínima para todos y una pensión complementaria (desde el sistema de reparto), pero pública, que se ajustase a las rentas de los trabajadores desde un sistema de capitalización. Todo ello «podría garantizar la tasa de sustitución y apoyar la sostenibilidad». 

La solución para Carlos Herrera, asociado de EFPA, vendría de saber combinar las variables económicas para conseguir «un buen y duradero sistema de pensiones público», conjugado con un «fuerte» segundo pilar de ahorro a través de la empresa más un tercer pilar a través del ahorro individual. En su opinión, también sería «fundamental» hacer una labor pedagógica de educación financiera enfocada a toda la población «para convencerla de que si queremos un sistema de pensiones duradero, se tendrán que hacer sacrificios hoy para que nuestros hijos puedan disfrutar mañana de unas pensiones públicas, y eso pasará por rebajar el ratio de sustitución de la pensión en relación al último salario, limitar las pensiones de los ricos y concienciar a nuestros hijos de que tienen que ahorrar a largo plazo para complementar la pensión pública».

La evolución de la demografía, la tasa de actividad y empleo, el alargamiento de la esperanza de vida y los ingresos del sistema público de pensiones, son otros de los aspectos que deberían tenerse en cuenta para garantizar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones, según María Romero, para quien «esto no debería ceñirse exclusivamente a la inflación».

Otra de las recomendaciones que apuntan los expertos son mejorar la calidad del mercado laboral para aumentar el número y el importe de las cotizaciones sociales.

La primera propuesta presentada por los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo no convence. Pero los expertos muestran su esperanza de que finalmente lleguen a un acuerdo porque «la solución que implementen comprometerá el nivel de vida de jubilados y trabajadores», señala Romero. Acuerdo que debería traducirse en un gran pacto de Estado, ya que según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, «resulta muy difícil acotar con exactitud qué pensiones se van a pagar en el futuro, pero sería necesario que los grupos parlamentarios y todos los agentes sociales y económicos consensuaran unas bases mínimas que permitan el sostenimiento del sistema a medio y largo plazo, obviando debates estériles».

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