Pacto sobre las pensiones: ¿Misión imposible?

Garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones es el objetivo de los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo y tras 15 meses de 'debates' no han logrado un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación de las pensiones. El tiempo pasa y urge una solución porque el déficit de la Seguridad Social ya supera los 18.000 millones de euros.

Las cifras son contundentes: en España hay ahora un millón menos de cotizantes y un millón más de pensionistas que antes de la crisis, con lo cual, 2017 se cerró con 2,2 cotizantes por cada pensionista; además, la Seguridad Social soporta un déficit superior a los 18.000 millones de euros; la hucha de las pensiones se vacía por momentos, ahora acumula unos 8.000 millones de euros cuando en 2011 tenía cerca de 67.000 millones; el Gobierno ha tenido que pedir un crédito de 15.000 millones de euros al Tesoro Público para pagar las pensiones de 2018; la mayor parte del empleo que se genera es precario por lo que las cotizaciones a la Seguridad Social son bajas y el envejecimiento de la población se incrementa, las previsiones son que para 2030 aumenten en más de 2,5 millones los jubilados en España. 

Estos problemas, que apabullan, requieren una solución que garantice la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y, con ella, la viabilidad futura de las pensiones. Consensuarla es el cometido de los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo, en la que están representadas todas las fuerzas políticas del Congreso. Pero después de 15 meses de debates apenas han generado propuestas y las que han lanzado no logran el consenso. Las más polémicas son las relacionadas con las fuentes de financiación de las pensiones.

No obstante, un atisbo de optimismo respecto a la continuidad del sistema lo dio Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, el pasado miércoles cuando declaró ante la Comisión del Pacto de Toledo que, por primera vez desde que comenzó la crisis, los ingresos por cotizaciones crecen más que los gastos en pensiones. Informó de que la recaudación de la Seguridad Social en 2017 creció un 5,36 por ciento, hasta los 109.166 millones de euros, mientras que el gasto en pensiones aumentó un 3,15 por ciento. «Hemos logrado revertir la tendencia del deterioro del déficit de la Seguridad Social y hemos iniciado la vuelta al equilibrio del sistema», aseguró.

Un equilibrio precario, ya que a pesar de estas cifras en positivo, el problema de la financiación de las pensiones continúa y aunque se le puede hacer frente, con más o menos solvencia, a corto plazo debido al buen comportamiento de la economía, se complicará a medio y largo plazo. Por ello, consensuar una solución emanada de la Comisión del Pacto de Toledo se hace urgente.

PROPUESTAS

Desde finales de 2016 los integrantes de esta Comisión han realizado distintas propuestas y una de las que más polémica ha suscitado ha sido la anunciada por Báñez relacionada con modificar el cálculo de las nuevas pensiones mediante la posibilidad de elegir los mejores años de cotización de la vida laboral o toda ella. Para optar por esta posibilidad, el trabajador tendría que haber cotizado más de 38 años. 

Para José Antonio Cortés, director general de GVC Gaesco, esta es una buena alternativa, «siempre y cuando hablemos de periodos de tiempo dilatados».

También Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL) del Consejo General de Economistas, la valora «positivamente» porque «hay muchas personas que perdieron su trabajo durante la crisis, lo que les va a suponer una pérdida importante en sus últimos años de cotización y, en la medida que esta propuesta les facilite rescatar años en los que tenían bases de cotización más altas, les permitirá determinar una base reguladora para el cálculo de su pensión de jubilación más ventajosa».

Para Eva María Blázquez, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicedecana de la Universidad Carlos III, «lo más justo sería tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador porque si las pensiones tienen que ajustarse a lo que hemos cotizado, lo lógico es que se tenga en cuenta toda la trayectoria laboral». 

Otra propuesta, también muy polémica, esta vez originada en el PSOE, fue aumentar un 8 por ciento el impuesto de sociedades de los bancos para destinarlo a las pensiones, lo que tendría un potencial recaudador de 860 millones de euros. Cortés cree que esta no sería una solución, ya que «al final lo pagarían los ciudadanos». 

Pereira es de la misma opinión. Afirma que aunque introduciría más ingresos al sistema «estos serían mínimos» y habría que valorar con detenimiento «la repercusión que esto tendría sobre los consumidores».

Destinar parte de los impuestos a reducir el déficit de la Seguridad Social, crear un nuevo impuesto dirigido a financiarla o subir la tributación a las rentas más altas son otras de las propuestas de miembros de la Comisión que, según Cortés, no aportarían una «solución» porque «con ellas se trata de tapar el agujero de las pensiones con más impuestos, lo que restaría competitividad al sistema económico y, a largo plazo, sería peor el remedio que la enfermedad. El sistema público de reparto debe ser del tamaño y nivel de las prestaciones permitidas por su autofinanciación».

Algunos partidos también han propuesto desviar los casi 25.000 millones de euros que se pagan en pensiones de viudedad y orfandad a las cuentas públicas. El PSOE rechazó esta medida porque eliminaría el carácter contributivo de estas pensiones y su proporcionalidad con lo cotizado. 

Otras de las proposiciones son: sacar de la Seguridad Social las bonificaciones a la contratación o las altas de autónomos y sufragarlas con impuestos, derogar el índice de revalorización de las pensiones y volver al IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo de los pensionistas, endurecer la jubilación anticipada para recortar gastos y dar la posibilidad a los trabajadores de seguir cotizando más allá de la edad de jubilación, que este año es de 65 años y seis meses.

LA SOLUCIÓN

Para José Antonio Cortés, las medidas que tendría que acordar el Pacto de Toledo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones en España tendrían que abordar varios frentes. «Las prestaciones deberían perder poder adquisitivo, con recortes, bien paramétricos y/o estructurales, profundizando los que hasta ahora se han llevado a cabo». 

Respecto a las aportaciones y la financiación del sistema Cortés apunta que se tendrían que buscar objetivos de política económica. «Se trataría de potenciar un modelo económico que favoreciese el crecimiento demográfico y con mejores y mayores cuotas de empleo estructural y de calidad. Eso es lo fundamental, más que subir las cotizaciones a la Seguridad Social para financiar el sistema». 

A su juicio, un sistema de reparto como el español solo puede funcionar en economías modélicas, con casi pleno empleo y pirámides de población normalizadas y si esas premisas se cumplen, «el contrato de solidaridad intergeneracional podría seguir siendo válido».

Por su parte, Roberto Pereira considera que para diseñar un mejor escenario de futuro en materia de pensiones sería necesario estudiar la rebaja de las cotizaciones sociales, con cargo al IVA, para fomentar mayores altas en el sistema, valorar soluciones como la 'mochila austriaca', sufragar las pensiones no contributivas por otras vías fuera del sistema; incorporar la tarifa progresiva para los autónomos en función del rendimiento de la actividad; incentivar la contratación de sistemas alternativos de pensiones, de cara a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, para que puedan complementar la pensión de jubilación estatal con planes privados alternativos y «revisar urgentemente el Pacto de Toledo, para conseguir un acuerdo estatal de todas las fuerzas políticas».

Pacto que no se augura próximo debido, según Eva María Blázquez, a que «los políticos de la Comisión no tienen conocimientos profundos sobre el tema y piensan más en las consecuencias políticas que pueda acarrear a sus partidos determinadas decisiones que en afrontar la realidad. No tengo muchas esperanzas en ellos».

Los más optimistas calculan que la Comisión tardará cerca de dos años en consensuar una solución que modifique la financiación de la Seguridad Social y permita la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Hasta entonces las pensiones se seguirán pagando como hasta ahora, mediante la concesión de préstamos por parte del Tesoro Público a la Seguridad Social.

PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS

Modificar el cálculo de las nuevas pensiones mediante la posibilidad de elegir los mejores años de cotización de la vida laboral.

Aumentar un 8 por ciento el impuesto de sociedades de los bancos para destinarlo a las pensiones. 

Destinar parte de los impuestos a reducir el déficit de la Seguridad Social y crear un nuevo impuesto dirigido a financiarla.

Derivar los casi 25.000 millones de euros que se pagan en pensiones de viudedad y orfandad a las cuentas públicas.

Sacar de la Seguridad Social las bonificaciones a la contratación o las altas de autónomos y sufragarlas con impuestos.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Roberto Pereira, C. Economistas

«Habría que incentivar la contratación de sistemas alternativos de pensiones, de cara a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados»

Eva M. Blázquez, Univ. Carlos III

«Los políticos del Pacto de Toledo no tienen conocimientos profundos sobre pensiones y piensan más en las consecuencias políticas de sus decisiones que en afrontar la realidad»

J. A. Cortés, GVC Gaesco

«Para garantizar el futuro del sistema público de pensiones en España las prestaciones deberían perder poder adquisitivo mediante recortes»