ONG denuncian el asesinato de un nuevo activista indígena en Honduras

Un conjunto de 16 organizaciones no gubernamentales encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenaron el asesinato el pasado día 15 de Nelson Noé García Laínez, doce días después del de otra activista medioambiental indígena, Berta Cáceres.

"Lamentamos profundamente que estos viles asesinatos se den en un contexto de asesinatos, ataques, persecución, criminalización y de amenazas contra las y los defensores de derechos humanos en Honduras", señalaron en una carta a los presidentes de la República, del Congreso y de la Corte Suprema.

Subrayaron a los destinatarios de su misiva que conforme a los compromisos internacionales de Honduras sobre protección de los derechos humanos, "es un deber fundamental velar por la protección de las y los defensores, cuyo trabajo de denuncia y control social es primordial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático de derecho".

Las ONG se sumaron a las reclamaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) al que pertenecían García Laínez y Cáceres, y en primer lugar al nombramiento de una comisión independiente "de confianza" para la asociación, para que "supervise, apoye y participe" en las investigaciones encomendadas al Ministerio Público.

Nelson García Laínez fue asesinado momentos después de haber acompañado a 150 familias de la comunidad de Río Chiquito que, según el relato de la FIDH, fueron desalojados por la fuerza por la policía y el ejército que destruyeron las casas y cultivos con maquinaria pesada.

Las 16 organizaciones hicieron hincapié en que esos hechos, como la muerte de Berta Cáceres, se producen en un momento en que aumentan "los ataques, persecuciones, criminalización, amenazas y asesinatos" de los miembros de la Copinh al calor del proyecto de represa hidroeléctrica Agua Zarca de la compañía Desarrollos Energéticos SA (DESA).

Por eso pidieron que "se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada" a DESA, "que ha sido la fuente principal de las amenazas, persecución y agresiones contra la comunidad lenca de Río Blanco y a los miembros de la asociación indígena".

.