"No nos vamos a callar", advierten feministas al Gobierno de Nicaragua

Grupos feministas de Nicaragua aseguraron hoy al Gobierno que no callarán, después de que la Policía local prohibiera una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en defensa de los considerados "presos políticos" anunciada para el domingo.

"Las hermanas (Patria, Minerva y María Teresa Mirabal) fueron asesinadas por Rafael Trujillo (el 25 de noviembre de 1960) precisamente por expresarse, vamos a seguir con nuestro activismo, no nos vamos a callar", dijo la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juana Jiménez, a los periodistas.

La Policía nicaragüense denegó el permiso para que feministas y opositores se sumaran a la marcha mundial de este domingo, al considerar que se trata de personas que "realizan prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas".

Las feministas afirmaron que no guardarán silencio frente al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

"Mañana 25 de noviembre vamos a expresarnos y movilizarnos de distintas formas creativas, no vamos a estar calladas (...) El miedo que tiene este régimen es esa posibilidad de salir a las calles, de mostrar que queremos un cambio", resaltó Jiménez.

Las feministas señalaron que, si bien las leyes de Nicaragua permiten la libre expresión y circulación sin permiso de las autoridades, se adecuarán a los requisitos que establezca la Policía para solicitar un nuevo permiso, hasta obtenerlo.

"Lo vamos a hacer las veces que sean necesarias, no sólo para dar una lección de ciudadanía, sino también para no renunciar a nuestro derecho", sostuvo la dirigente del MAM.

La confrontación entre feministas y Policía se produce en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, así como 610 "presos políticos", incluidas 46 mujeres, en protestas contra Ortega, según organismos humanitarios.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega, quien reconoce 199 víctimas y 273 presos, a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes", no acepta responsabilidad y considera que superó un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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