Narcís Serra, a juicio por los sueldos de Caixa Catalunya

 Narcís Serra, otro político metido a financiero como Rodrigo Rato -el primero llegó a ser ministro de Defensa y el segundo vicepresidente económico antes de presidir Bankia-, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otros 40 exmiembros del consejo de administración de Caixa Catalunya. Así lo ha resuelto el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, quien les atribuye un delito de administración desleal por el 'pelotazo' de sus sobresueldos, según señalaron este lunes fuentes judiciales.

Tras dictar la apertura de juicio oral contra ellos -la vista se celebrará en la Audiencia Provincial de la capital catalana, posiblemente a finales de año-, el magistrado les ha impuesto el pago en un plazo de 30 días de una fianza civil por un total de 9,5 millones de euros. De esa suma 2,5 millones irán al FROB, que tuvo que rescatar a la caja de ahorros catalana con 12.062 millones entre 2010 y 2012, la segunda mayor cuantía después de Bankia. Los otros siete millones serán para Caixa Catalunya, que presidió Serra.

Aparte, el que fuera director general y 'número dos' de facto, Adolf Todó, deberá abonar otra fianza de 808.563 por el dinero que recibió de más. Según la Fiscalía Anticurrupción, que pide penas de cuatro años de cárcel para 17 exconsejeros -y la mitad para el resto-, él recibió más de cuatro millones entre 2008 y 2012, y su 'mano derecha', Jaume Massana, otros 2,9 millones.

Unas «escandalosas y millonarias indemnizaciones» en distintas formas, incluidas «rentas vitalicias», que les concedió el consejo «cuando el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) estaba a punto de aportar 1.250 millones» por la delicada situación financiera de la caja. Serra, a su vez, se asignó un sueldo «a mayores» de 175.000 euros anuales, además de disparar sus ingresos por dietas (hasta 135.700 euros al año).

En su escrito de acusación, el fiscal señala que, en realidad, hubo dos votaciones distintas para dar luz verde a unos «irresponsables" incrementos retributivos «en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país», y más en particular de la propia caja, además de las indemnizaciones apuntadas. De ahí el elevado número de imputados y que a 17 de esos exconsejeros les atribuya la supuesta comisión de dos delitos de administración desleal en vez de uno como al resto.

"Excedieron lo prudente"

Distingue Anticorrupción, sin embargo, entre el papel de Serra y Todó como máximos responsables de un plan de sobresueldos que "excedía la prudencia" -para ellos las subidas retributivas oscilaron entre el 45% y el 50%- y el resto de ex altos cargos de ese grupo, pidiendo así cuatro años de cárcel para ambos (dos por cada delito) y tres para los otros.

A su vez, en el caso de los 24 exconsejeros que solo votaron una vez a favor de las polémicas subidas de sueldos, el Ministerio Público rebaja su solicitud de condena a dos años. No hay que olvidar que hasta 54 exintegrantes del consejo llegaron a estar imputados, aunque la acusación fue sobreseída para una docena tras comprobar que no respaldaron aquella decisión.

Una de las bazas que las defensas intentarán jugar a su favor de cara al juicio es la posible existencia de dilaciones indebidas, puesto que la instrucción se ha dilatado durante tres años y medio (desde septiembre de 2013). Con ello tratarán de buscar el archivo del proceso o, al menos, unas penas reducidas.

Por su parte, las dos acusaciones populares, el partido independentista de la CUP y la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) -que también ejerce el mismo tipo de acción en el 'caso Bankia'-, solicitan penas de entre cuatro y seis años de prisión para los 41 exconsejeros de la caja catalana acusados.

También imputado por el 'ladrillo'

Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Montero, mantiene abiertas las diligencias que incoó hace casi un mes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Narcís Serra y otros 14 ex altos cargos de Caixa Catalunya -entre ellos el referido Todó- por otro presunto delito de administración desleal.

El Ministerio Público ha presentado una querella contra ellos -también figura el entonces consejero y hoy presidente de Enagás, Antonio Llarden- por una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2005 y 2010, que podrían haber causado un quebranto de 720 millones a la caja de ahorros catalana.

Según Anticorrupción, la entidad habría dado créditos «desproporcionados» sin la protección suficiente para sus arcas y adquirido «compromisos económicos relevantes» que, en apariencia, no estarían justificados en muchos casos. Además, resalta «la total falta de preparación técnica» de la mayoría del consejo.