Montero: La Junta ha cumplido con plazo pago proveedores servicios esenciales

La Junta de Andalucía ha cumplido la garantía de pago a veinte días en los servicios esenciales de sanidad, educación[…]

La Junta de Andalucía ha cumplido la garantía de pago a veinte días en los servicios esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, según la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

Desde la entrada en vigor del decreto de garantía de tiempos de pago en los servicios esenciales, que entró en vigor en marzo de 2017, las empresas han cobrado en una media de seis días, "muy por debajo de los veinte días comprometidos" y no se ha activado el derecho de garantía ante las entidades financieras, según el balance que ha presentado hoy la consejera.

Ha destacado que Andalucía es la comunidad de régimen común que paga antes a todos sus proveedores, dos días antes de lo que marca la normativa de morosidad del Gobierno, y en el sector sanitario, 17 días antes y 36 días antes que la media de las comunidades autónomas, según ha informado la Consejería en un comunicado.

En los ámbitos de salud, educación y servicios sociales se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones, de los que el 52 % correspondieron a proveedores del sector sanitario, el 27 % de educación y el 22% de servicios sociales.

Casi dos tercios de los pagos (57 %) se destinaron a financiar contratos vinculados a servicios asistenciales, conciertos y convenios, mantenimiento de instalaciones (limpieza, seguridad, vigilancia), suministros de electricidad, agua o combustible, necesarios para el funcionamiento de los centros e instalaciones.

El resto (43 %) se destinó al abono de prestaciones, ayudas o subvenciones destinados a particulares, asociaciones y entidades locales.

El sector sanitario acaparó el mayor volumen de pagos, con 2.189 millones, de los cuales el 63 % (1.379 millones) se destinó a farmacias para la dispensación de medicamentos; el 15 % (335 millones) a la asistencia sanitaria (hemodiálisis, pruebas diganósticas, transporte sanitario), y el 3 % (70 millones) para suministros básicos de los centros de atención primaria y hospitales.

Educación generó el mayor número de facturas, más de 800.000, por un importe total de 1.156 millones de euros.

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El 60 % de los pagos se destinó al servicio educativo en la enseñanza concertada y el 20 % al primer ciclo de la Educación Infantil.

Montero ha destacado en este ámbito los "servicios fundamentales para la conciliación familiar", como comedores (32,5 millones) y el aula matinal, actividades extraescolares y transporte, con facturas por 55,4 millones de euros.

Asimismo, el programa de gratuidad de libros de texto, con una partida anual de 75,8 millones de euros, y las becas y ayudas al estudio, que suponen 64,4 millones.

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Respecto a los servicios sociales, con casi 1.000 millones de euros facturados (972 millones), el 88 % de los pagos se destinaron a prestaciones, ayudas y subvenciones para residencias, estancia diurna, ayuda a domicilio y respiro familiar.

Otros 60 millones sufragaron convenios y pagos a ayuntamientos para la atención a la dependencia, a la mujer o la población migrante, así como los servicios sociales comunitarios.

Para financiar la justicia gratuita y los servicios de orientación se abonaron 42 millones de euros.

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