Melilla aprueba pagar facturas atrasadas de años anteriores por 2,9 millones

La Asamblea de Melilla ha aprobado hoy dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 2,9 millones de euros para pagar unas 250 facturas atrasadas de los años 2014, 2015 y 2016 que no fueron abonadas por la Ciudad Autónoma en el ejercicio económico de origen.

Estos dos reconocimientos extrajudiciales han sido aprobados con los votos a favor del PP y el Grupo Mixto, los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno regional, ya que los tres partidos de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) han votado en contra.

Los tres grupos han coincidido en criticar el uso frecuente y "recurrente" de esta herramienta por parte del Ejecutivo cuando a su juicio debería ser un procedimiento excepcional, si bien este año es la segunda vez que se utiliza, elevando a "cuatro o cinco" los reconocimientos aprobados en esta legislatura.

CPM, PSOE y Cs han coincidido en que las facturas hay que abonarlas por ser bienes y servicios prestados por empresas que deben ser cobrados para evitar un "enriquecimiento injusto" de la Ciudad Autónoma, pero han insistido en que esta administración debe pagar en tiempo y forma y no en plazos de tiempo que exceden lo que marca la Ley.

El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, ha argumentado el rechazo de su partido porque considera que estas facturas "moralmente son ilegales" porque "favorecen siempre a las mismas empresas", una crítica en la que ha coincidido el portavoz de Cs, Eduardo de Castro, al hablar de "empresas amigas" que se ven "más favorecidas" por la Ciudad Autónoma.

El portavoz del PP, Daniel Conesa, ha negado las afirmaciones de la oposición y ha advertido de que son "mucho más que una mentira" que puede derivarles en problemas, al tiempo que ha defendido la disminución del volumen de las facturas impagadas que se abonarán mediante la cuenta 413, que son tramitadas "por los procedimientos establecidos".

Por su parte, la consejera de Hacienda, Esther Donoso, ha dejado claro que el Gobierno "no actúa de forma ilegal en ninguno de los procedimientos" y ha puntualizado que los reconocimientos extrajudiciales son empleados "de forma ocasional", como demuestra el hecho de que los aprobados hoy representan menos del un 1 % del presupuesto.

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