Manifestantes presos en Nicaragua harán ayuno en Navidad y fin de año

Un grupo de manifestantes que se encuentran encarcelados en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua hará ayuno en prisión en Navidad y fin de año, anunció hoy uno de sus familiares.

"Me informó mi hijo de que él y otros reos van a hacer ayuno el 24 y el 31 de diciembre, por todo lo que ha pasado este año en Nicaragua", dijo el padre del líder estudiantil Edwin Carcache, en declaraciones públicas.

Carcache comunicó a su padre esta decisión el lunes, durante una audiencia del juicio en su contra por terrorismo y otros delitos que se celebra a puerta cerrada, pese a que la defensa insiste en que la legislación de Nicaragua ordena audiencias públicas.

Este lunes miembros del Complejo Judicial de Managua impidieron entrar en la sala donde tenía lugar el juicio al abogado defensor de Carcache y otros cinco acusados, Julio Montenegro, mientras en el interior el juez Ernesto Rodríguez lo apartaba del proceso por "abandono de la defensa", según denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

El juez Rodríguez ordenó que la defensa la represente un abogado de oficio, pero Carcache y los otros acusados se negaron al tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

Edwin Carcache es uno de los al menos 674 manifestantes en prisión, que los organismos defensores de los derechos humanos consideran "presos políticos".

Por el contrario, el Gobierno admite que hay 273 reos, a los que califica de "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

Los presos han denunciado que en las cárceles sufren torturas, malos tratos, aislamiento injustificado y ataques contra su vida por medio de la alimentación.

La crisis de Nicaragua cumple su octavo mes, con cientos de muertos, heridos y presos, así como decenas de miles de exiliados, en el contexto de las protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Ejecutivo de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos locales elevan el número de fallecidos a 545, mientras el Gobierno reconoce 199.

Ortega rechaza todas las acusaciones y afirma que ha superado un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras once años de gobierno continuado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, a raíz de las muertes registradas en las protestas.

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