Los estibadores seguirán con la huelga si Fomento no retira el decreto

La huelga de la estiba seguirá adelante y no se desconvocará hasta que el Gobierno retire el decreto que liberaliza el sector aprobado el pasado viernes. Ese fue el mensaje que los sindicatos trasladaron a la patronal en la reunión celebrada este martes y que pone el foco y la presión en el Ministerio de Fomento. El líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, insistió al término del encuentro en que la nueva normativa es la «causante» de esta situación. Por tanto, para evitar los nueve días de paros previstos -comienzan el próximo lunes y al ser en días alternos se prolongarán durante tres semanas- pidió al Ejecutivo que «reflexione» y dé marcha atrás para poder abrir una «negociación de verdad».

En realidad, el margen para evitar la huelga se reduce enormemente. De hecho, a pesar de que los sindicatos y la patronal Anesco consideraron «positivo» el encuentro y se comprometieron a seguir hablando, lo cierto es que ambas partes se levantaron de la mesa sin ninguna fecha concreta para retomar el diálogo. Será el mediador designado por el Gobierno -el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña- quien tendrá que proponer el día para volver a sentarse. La idea es que sea antes de los paros. Sin embargo, Peña reconoció que la negociación será «lenta, farragosa y pesada».

De esta forma, a Fomento se le acumulan los problemas. El conflicto laboral se mantiene, lo que puede provocar un serio perjuicio para el comercio y las exportaciones. «La huelga, además de causar un daño importante a la economía española, supone un elemento de distorsión en el diálogo», afirmó el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna. De hecho, recordó el impacto que ya está causando el conflicto a los puertos españoles y cifró en 50 millones las pérdidas que cada jornada de huelga provocaría. Además, De la Serna aseguró que ante el anuncio de huelga «hay empresas que están programando desvíos a puertos de otros países». El otro frente abierto en el departamento tiene que ver con el rechazo de la oposición a la reforma. De momento, no ha conseguido el apoyo de ningún grupo para convalidar el decreto. El plazo acaba el 24 de marzo.

2.400 millones al PIB

Para tratar de encauzar ambas situaciones el Ejecutivo puso este martes algunos datos sobre la mesa. Para empezar, defendió que la reforma permitirá un aumento del PIB de 2.400 millones al tiempo que reducirá los costes portuarios un 30% e incrementará las exportaciones un 0,2%, según consta en la memoria económica de la normativa. Asimismo, advirtió del riesgo que pueden suponer los paros. Por ese motivo pidió a ambas partes mantener un diálogo "tranquilo y sereno".

Por otra parte, para tratar de convencer a los distintos grupos el ministro apeló a la "responsabilidad" y recordó que la normativa responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cuyo incumplimiento costaría a España una multa de 134.000 euros por cada día de retraso en su aplicación. De momento, estos argumentos no han convencido a los distintos grupos. Así, el PSOE ya adelantó que "en los términos actuales" no apoyará el decreto. También desde Unidos Podemos mostraron desde un principio su rechazo al considerar que supone una "pérdida" de derechos laborales.

La reforma gubernamental elimina la obligación de las adjudicatarias de los servicios de estiba de pertenecer (y pagar la cuota correspondiente) a una de las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep), de las que existe una en cada puerto y que hasta ahora controlan a quienes contratan aquellas. Se pretende acabar con ese monopolio en un plazo de tres años, en los que perderá gradualmente su peso para convertirse finalmente en una empresa de trabajo temporal (ETT) y operar solo como agencia de colocación. Sin embargo, los sindicatos temen que la reforma puede suponer una reducción de empleo, además de un cambio en las condiciones laborales, tanto en la duración como en la distribución de las jornadas.