Los diplomados sociales creen que las cuentas no apuestan por política social

El Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas ha reconocido hoy que los presupuestos de Canarias para 2017[…]

El Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Las Palmas ha reconocido hoy que los presupuestos de Canarias para 2017 recogen partidas sociales, pero ha alertado de que, desde su punto de vista no hacen una "apuesta real" por las políticas sociales en las islas.

En conferencia de prensa, el presidente del Colegio, David Muñoz, ha apuntado que Canarias se encuentra en "situación de desigualdad con un 44 % de la tasa de población en riesgo de pobreza y una de cada dos personas sin cobertura de derechos", por lo que entienden que "no basta con incrementar las partidas", sino que se requieren "políticas públicas que respondan a la desigualdad social".

"Las cuentas de 2018 priman los programas de asistencia frente a los de promoción social, como pueden ser los de familia, atención a la infancia, igualdad de oportunidades y participación de personas mayores", ha subrayado Muñoz.

En esa línea, ha agregado que su Colegio "hace el matiz diferenciador de que la política social no es necesariamente cobertura social, sino que debe avanzar hacia la planificación y la prevención, con programas que de verdad respondan a las problemáticas" que hay en el archipiélago.

La investigadora del Colegio Francisca Lema ha argumentado que, de los 8.239 millones aprobados para sus cuentas autonómicas de 2018, el Gobierno de Canarias "solo dedican para la protección y promoción social el 8,79 % y, dentro de ella, en los servicios sociales y la promoción social solo se emplean 4,94 de cada 100 euros".

Lema ha alertado de que en el desarrollo de políticas sociales, derechos, relación económica y cobertura, Canarias solo supera en el ránking de las comunidades autónomas españolas a Murcia y Valencia.

Por programas, el estudio observa una gran caída de las partidas destinadas a la prevención y promoción social, mientras que el aumento y el grueso del presupuesto se destina a las condiciones de necesidad de las islas, como pueden ser la dependencia y la inclusión social.

En la red de protección, Lema ha dicho que aumenta un 50 % entre 2007-2016 el número de personas atendidas por los trabajadores sociales, con una ratio media de 12.734 personas al cargo de cada trabajador social -en Gran Canaria la cifra llega a 19.000-, cuando la se recomienda que solo sea 3.000

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Además, el empleo en las entidades locales -"que en muchas de las ocasiones es la puerta a los servicios", ha reconocido Lema-, ha caído en los diez últimos años un 20 por ciento y está creando un cuello de botella a las situaciones de necesidad.

"Desde la lógica de los servicios sociales, la Ley de Presupuestos como política queda reducida a las coberturas de situaciones de dificultad y subestima las capacidades de la población al limitar las políticas preventivas y promocionales", ha abundado Lema.

En esa línea, la investigadora ha denunciado que los recursos empleados en los asuntos sociales carecen de continuidad, se externalizan y centralizan, cuando el éxito en estas políticas se alcanzan cuando son continuas, públicas y locales.

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"Hace falta más inversión, lo que no solo significa mayor incremento económico, que también, sino en recursos humanos, materiales y programas que respondan a las necesidades de la población en todos los ámbitos, una apuesta por los servicios públicos como una garantía de poder llegar a toda la ciudadanía y continuidad en el tiempo en las políticas sociales", ha concluido Muñoz.

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