Los auditores piden una ley nacional que regule el control del sector público

Unos 400 expertos en auditorías del sector público de España, Europa e Iberoamérica participan en Toledo en un congreso del[…]

Unos 400 expertos en auditorías del sector público de España, Europa e Iberoamérica participan en Toledo en un congreso del que saldrá una declaración para reclamar a las recién constituidas Cortes Generales una ley nacional que regule el control del sector público en "estos tiempos de desafección política".

Así lo ha avanzado a los periodistas al inicio del VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público el presidente de la Fundación Fiasep-Auditoría para la transparencia en el sector público, Miguel Ángel Cabeza, que fue el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha durante veinte años, hasta que este órgano se suprimió la legislatura pasada (2014).

Cabeza ha destacado la "extraordinaria importancia" del Congreso porque "sobre todo en tiempos de desafección política, los ojos de los ciudadanos se vuelven cada vez más hacia los encargados de controlar el manejo de los fondos públicos".

El Congreso abordará aspectos como las relaciones entre el control externo y el interno, la "necesaria" colaboración de auditores privados en la auditoría del sector público y la normativa dispersa que existe y que los auditores consideran que debería agruparse en una ley de ámbito nacional.

En este sentido, Cabeza ha dicho que del Congreso saldrá una declaración, fruto de los trabajos que se desarrollen hoy y mañana, que irá en la dirección de reclamar a las Cortes Generales una ley que regule el control del sector público.

Ha lamentado que Castilla-La Mancha tuvo "la desgracia" de una política "de adelgazamiento" que empezó, en su opinión, por "lo más necesario", el órgano de control que fue la Sindicatura de Cuentas y cuya recuperación es un compromiso del actual Ejecutivo.

De hecho, la ley de Cámara de Cuentas y Auditoría Pública Ciudadana será el órgano que sustituirá a la Sindicatura de Cuentas -suprimida en 2014- y, según ha precisado el interventor general de Castilla-La Mancha, "el deseo es que esté lo antes posible en marcha" por lo que en los próximos meses comenzará su tramitación parlamentaria.

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