Las Cuentas crecen el 5,5% hasta los 10.859 millones y supera años pre-crisis

El proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2018 contará con 10.859 millones, el 5,5 por ciento[…]

El proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2018 contará con 10.859 millones, el 5,5 por ciento más que en 2017 y 566 millones extra, lo que deja a las Cuentas en su punto más alto de la historia autonómica, al superar el tope alcanzado en 2009 (10.585), antes de la crisis económica.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado el proyecto de ley convencido de que este mero hecho "de normalidad" contribuye a lanzar un mensaje de "estabilidad" en un momento condicionado por la situación que atraviesa España como consecuencia del que ha calificado como "golpe de Estado permanente" en Cataluña.

Sin embargo, la coincidencia de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar precisamente de Cataluña ha motivado que la comparecencia de Herrera se retrasara para poder analizar el "requerimiento" hecho al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare si ha declarado o no la independencia, como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Las palabras de Herrera sobre Cataluña se han centrado en apoyar la "responsabilidad y mesura" de Rajoy frente a la "falaz" intervención de Puigdemont, a quien ha avisado de que "la independencia no se negocia en ningún país democrático del mundo".

Herrera ha tratado de mantener el guión presupuestario y ha defendido unas Cuentas que, tras el pacto suscrito ayer con el PP y Ciudadanos, van a servir en su opinión para mantener la senda de recuperación y salida de la crisis, si bien ha reconocido que actualmente sí se recupera el presupuesto público pero en el empleo aún pesa el 40 por ciento de los empleos que se perdieron durante la crisis y aún no se han recuperado.

Los presupuestos de la Comunidad para 2018 se han elaborado con un escenario macroeconómico en el que se prevé un crecimiento del PIB del 2,7 por ciento, una décima más que cuando se aprobó en septiembre el techo de gasto; una tasa de paro del 12,2 frente al 14 previsto para el 2017, y una creación de empleo del 2,4 por ciento, con unos 28.000 empleos a tiempo completo.

Sobre la cuantía, Herrera ha matizado que si bien se trata del mayor presupuesto de la trayectoria autonómica, lo que les da más valor son los 9.577 millones de gasto de que dispondrán las Consejerías para realizar gastos, unos 330 millones más que en el presente ejercicio, mientras que el aumento de las amortizaciones de deuda de años anteriores eleva las Cuentas hasta los 10.859 millones.

En el caso de los ingresos, Herrera ha reconocido un sustancial incremento de los fondos procedentes del modelo de financiación autonómica del 6,21 por ciento y hasta llegar a los 6.480,9 millones de euros, pero ha remarcado que Castilla y León aún mantiene un déficit de financiación de los servicios esenciales -Consejerías de Educación, Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades- de 126 millones de euros.

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Por ello ha vuelto a insistir en la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica de forma que "no se penalice a los ciudadanos por su lugar de residencia", aunque ha reconocido que la "incertidumbre política por la gravísima irresponsabilidad de Cataluña" hace que no pueda ser "demasiado optimista en el rápido avance de este proceso tan necesario"

En el caso de los impuestos, la Junta de Castilla y León prevé ingresar el próximo año 5.593,4 millones de euros por la vía fiscal, el 2,2 por ciento más que lo presupuestado en 2017 con el IVA como principal fuente de ingreso, con algo más de 2.064 millones de euros, el 5,48 por ciento más que en 2017, lo que ha vinculado con un mayor dinamismo del consumo asociado a la salida de la crisis.

Una mención a parte ha merecido el nuevo impuesto que pretende crear la Junta de Castilla y León para gravar el desmantelamiento de la Central Nuclear de Garoña, que precisará de una ley aprobada a lo largo de 2018 y con el que pretenden recaudar 10 millones de euros que serán devengados en un solo pago, por lo que no existe un límite temporal para que sea aprobada esta norma a lo largo del próximo año.

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En el apartado de las inversiones, el presidente ha destacado que recuperan posiciones hasta los 620,7 millones e incrementarse el 16,7 por ciento, tras haber sido "sacrificadas" durante los años de la crisis, y con la Consejería de Agricultura y Ganadería como principal beneficiaria de este incremento, especialmente para paliar los efectos de la sequía.

Como en años precedentes, las Consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades acaparan el 70 por ciento del presupuesto al sumar 6.606 millones del gasto calculado, lo que acerca este gasto social de las tres principales prestadoras de servicios esenciales al registrado en 2010, cuando llegaron a gestionar conjuntamente 6.611 millones.

Por departamentos, Agricultura y Ganadería se anotará el mayor aumento con un repunte del 8,8%, hasta alcanzar los 476,1 millones para afrontar un año agrícola y ganadero "tan adverso" como el actual, lo que deja a esta Consejería por encima de la media de incremento del 5,5 por ciento.

Lo que ha quedado condicionado e incluido en una disposición adicional del proyecto de ley es la posibilidad de contar con 25 millones de euros para dotar el denominado Plan Plurianual de Convergencia Interior, pero lo ha vinculado con que el PSOE y el PP aprueben en las Cortes las unidades básicas de ordenación territorial en el ámbito rural -la ley de mapas-.EFE

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