La Xunta hará obligatoria la inscripción en un Registro de Promotores

La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, ha presentado hoy el anteproyecto del decreto de medidas en materia de vivienda que su institución está preparando, del cual ha destacado especialmente la nueva norma que obligará a los promotores de viviendas a inscribirse en un Registro de Promotores para poder edificar en Galicia.

Vázquez ha declarado que esta normativa permite "ganar en transparencia" al dar "mejor información" a los ciudadanos, que podrán consultar el estado actual o los expedientes y sanciones aplicados a los distintos promotores, que cuentan con un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto para darse de alta si no quieren ser sancionados.

Esta es una de las líneas contempladas en la batería de medidas y reformas que hoy han sido presentadas, las cuales han sido expuestas con detalle por el director del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS), Heriberto García, que se ha centrado en el contenido del decreto que "unifica" la regulación gallega en materia de vivienda protegida.

Así pues, García ha explicado que se crearán dos nuevas modalidades de viviendas de promoción pública: las de tipo concertado, destinadas a poblaciones con menos de 25.000 habitantes y en las que existe "necesidad" de vivienda pública; y las de inserción, pensadas para "colectivos específicos" y gestionadas directamente por ONGs u organismos públicos similares; que se sumarán así a las ya existentes de régimen ordinario y de núcleos rurales o históricos.

El régimen de adjudicación de estas viviendas también contará con nuevas variantes, que se suman a la única existente hasta el momento, el alquiler con o sin opción de compra, existiendo ahora las posibilidades de copropiedad, en la que los beneficiarios adquirirán como mínimo el 60% de la vivienda; venta directa; acceso diferido con hasta 30 años de amortización de pagos; y derecho sobre la superficie, que supone la cesión de la propiedad durante 30 años para luego regresar, en caso de que no se prorrogue el acuerdo, al IGVS.

Las condiciones de acceso a las viviendas de promoción públicas quedan fijadas entre el 0,7 y el 3 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), aunque en el caso de las viviendas en copropiedad el máximo se fija en 2,5 IPREM.

Además, el director del IGVS ha asegurado que para proteger a los "colectivos vulnerables" se permitirán medidas tales como la dación en pago, el fraccionamiento de la deuda, la ampliación de plazos o reducciones de renta hasta del 50%.

En cuanto a las viviendas de protección autonómica, éstas ven modificadas sus condiciones de acceso y se simplifican sus tramitaciones, además de modificarse su período de protección, que ahora oscilará entre los 15 y los 30 años según el régimen correspondiente.

Asimismo, se instalan medidas similares a las de las viviendas de promoción pública, como la dación en pago o la no exigencia de devolución de las ayudas.

El anteproyecto hoy presentado también recoge medidas en el registro de demandantes, dotado ahora de una "mayor flexibilidad", según García, y también actuaciones para promover el "emprendimiento" en los locales de negocio, así como la implantación de precios máximos de repercusión del valor del terreno residencial.

El decreto de medidas en materia de vivienda pasa a estar en fase de exposición pública durante el próximo mes, a la espera de recibir aportaciones por parte de distintos agentes, para luego ser trasladado al Consello Consultivo con la previsión realizada por la conselleira Ethel Vázquez de su aprobación en el Consello de la Xunta en un plazo de cinco meses como máximo.

.