La UE salva a una España en funciones y aplaza a 2018 bajar el déficit del 3%

España tendrá dos años más de oxígeno para bajar por fin el déficit del 3% del PIB como viene exigiendo Bruselas desde hace casi una década de desmanes fiscales. Así lo confirmó a este diario un alto cargo comunitario, quien avanzó que la nueva senda trazada por la Comisión prevé que el desajuste de este año se disparará por encima del 4%, como alertó la semana pasada la autoridad fiscal independiente (Airef). Respecto a la multa por incumplir el déficit de 2015, la decisión se tomará este jueves en el último Colegio de Comisarios antes de las vacaciones de agosto. Podría ser de hasta 2.000 millones (0,2% del PIB), pero todo ha quedad reducido a dos alternativas: «o se cancela o es simbólica. Todo está abierto», apostilla esta alta fuente.

Los jefes de gabinete de los comisarios se reunieron este lunes por la tarde en el encuentro preparatorio que cada semana hacen del Colegio. Hubo varios temas encima de la mesa y entre ellos, como lo peor de la crisis, volvió a estar la palabra España. Una vez que el debate sobre la congelación de fondos estructurales se ha pospuesto hasta septiembre para hablarlo con el Parlamento, hay dos grandes decisiones que tomar: la multa y la nueva senda fiscal.

Respecto a la sanción, la decisión será política y aunque el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, insiste en que será «cero o nula» porque Alemania, Francia o Italia no quieren que se castigue a España, las distintas fuentes consultadas no lo tienen tan claro. De hecho se decantaban más por una multa simbólica que por la cancelación, aunque es algo que no se conocerá hasta el mediodía de este jueves. Pase lo que pase, el estigma político ya es un hecho ya que España, al igual que Portugal, se han visto inmersas en un procedimiento sancionador que hasta ahora nunca se había aplicado en la UE.

«Un año perdido»

En lo mediático, el gran problema del Gobierno en funciones se llama multa. En lo práctico, donde el país se juega todo es en la nueva senda de déficit. Aunque De Guindos siempre había defendido que sólo era suficiente que la nueva prórroga fuese de un año (de 2016 pasar a 2017), finalmente será de dos, hasta 2018. Esto supone que España podrá hacer los ajustes requeridos en mucho más tiempo, lo que dará algo de tregua al nuevo Gobierno que llegue a Moncloa. Como avanzó este periódico el 7 de marzo, se han confirmado los peores temores de la Comisión. Advirtieron de que 2016 podría ser «un año perdido» y así está siendo, como lamentan las fuentes consultadas.

¿Por qué dos años? Primero, porque Bruselas no quiere que a finales de 2017 se vuelva a las andadas sabedores de que Madrid no cumplirá. Y segundo, porque la situación de las cuentas de España en particular y de Europa en general no es nada boyante a raíz de fenómenos como el 'Brexit'. Aunque el PP pueda vender estos dos años como una victoria, no hay que olvidar que en mayo, fuentes de Economía aseguraban en Amsterdam que «si nos dan finalmente dos años, considerarán que somos un puñetero desastre».

8.000 millones de ajuste

La que este jueves recibirá el Gobierno es la cuarta prórroga desde que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero solicitó la primera en 2009. Luego, Rajoy tuvo la primera en 2012, la segunda en 2013 y tendrá la tercera en 2016. El problema es que las prórrogas no son gratis y la letra pequeña significa más ajustes. O subidas de impuestos o recortes de gasto porque en 2015, por ejemplo, el país gastó 51.000 millones más de lo que fue capaz de ingresar (déficit del 5,1%).

Lo detalles de la nueva senda fiscal se concretarán este jueves, pero los primeros borradores dicen que el déficit de este año se irá por encima del 4%, que en 2017 se pedirá un porcentaje algo superior al 3% y ya en 2018 rondará el 2,5%. Respecto al esfuerzo estructural que se exigirá a cambio, ya en mayo el Colegio propuso que fuese de unos 8.000 millones, aunque ahora puede ser mayo. Se trata de un ajuste de verdad, ajeno a las vientos favorables procedentes del BCE o del precio del petróleo. El ultimátum de Bruselas va en serio.