La OCDE pide también limitar las pensiones de viudedad y orfandad a las rentas bajas

España superó el exhaustivo examen de la OCDE, que constató en el informe económico publicado este martes el buen ritmo de la recuperación e incluso mejoró dos décimas sus previsiones de crecimiento para 2017 hasta el 2,5% -la misma proyección del Gobierno- y mantuvo en el 2,2% la de 2018. Sin embargo, el organismo le puso al Ejecutivo varios deberes en forma de recomendaciones. Algunas de esas peticionen forman parte del recetario tradicional que incluye subir los impuestos indirectos como el IVA, incrementar la fiscalidad medioambiental -especialmente hidrocarburos- o reducir los costes del despido. Sin embargo, entre sus nuevas reclamaciones está la de restringir las pensiones de viudedad y orfandad a los casos de rentas más bajas.

La OCDE muestra en su documento su preocupación por el déficit de la Seguridad Social (en 2016 será de 18.000 millones según el Gobierno) y la sostenibilidad del sistema de pensiones debido "al efecto del envejecimiento de la población así como al legado de la crisis". Para tratar de aligerar los gastos del sistema el organismo propone que las prestaciones "por pensiones de los supervivientes" podrían limitarse a casos de necesidad. Es decir, que sólo las cobren aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica. Ahora las pensiones de viudedad y orfandad suponen unos 24.000 millones de euros y Empleo ya ha insinuado que podrían pasar a sufragarse mediante los Presupuestos.

En cualquier caso, la OCDE también apuesta por financiar las pensiones mediante impuestos -como defienden sindicatos o el PSOE-. Sin embargo, el organismo que aglutina a las economías desarrolladas no considera que un aumento de las cotizaciones sociales sea la solución al estimar que ya son muy elevadas (28% de los costes laborales en comparación con un promedio en la OCDE del 22,4%). De momento, el Gobierno ha mostrado su disposición a destopar las cotizaciones máximas para lograr más recursos, aunque esto supondría elevar también las pensiones más altas.

"España es la prueba de que las reformas funcionan. Pero nunca se termina con ellas", señaló el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría para resumir el informe presentado junto al ministro de Economía, Luis de Guindos. Un documento que insiste en que para "consolidar la recuperación" son necesaria la aprobación de medidas adicionales en distintos campos. Uno de ellos es el del mercado laboral. El documento señala el elevado desempleo como el principal problema para la economía española. El texto denuncia la elevada proporción de trabajadores temporales (25,7% en 2015) y el aumento de los empleos a tiempo parcial (15%), de los que más de la mitad de dicho porcentaje trabajan menos horas de las que les gustaría. "Los empleados temporales y a tiempo parcial atraviesan periodos de desempleo y de subempleo, lo cual reduce sus ingresos e incrementa la pobreza", señala la OCDE. En este sentido, argumenta que la dualidad del mercado laboral se debe a que los costes del despido de un trabajador indefinido siguen siendo "significativamente más altos que los de un trabajador temporal". Por tanto, el organismo insiste en que si existiera una "mayor convergencia" en estos costes" se podría reducir más la dualidad. Es decir, sin citarlo expresamente, apuesta por una reducción de la indemnización por despido.

Asimismo, Gurría pidió intensificar las políticas activas de empleo tras recordar que España dedica el 3,9% del PIB en estos planes frente al promedio del 15% en la OCDE. En este sentido, el informe recomienda que las prestaciones de los parados deben estar "estrictamente supeditadas" a la búsqueda activa de empleo. También consideran que las "elevadas contribuciones empresariales a la Seguridad Social aumentan la carga tributaria sobre el trabajo, desincentivando el empleo". Por ese motivo apuestan por reducir las contribuciones empresariales para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos. Asimismo, considera positivo medidas como la exención durante dos años los primeros 500 euros del salario de los nuevos trabajadores contratados para hacerlos fijos y pide que sea indefinida.

4.000 millones en el diésel

La institución reconoce el avance en el control de las finanzas públicas, pero prevé que España incumplirá el objetivo de déficit de 2017 al acabar en el 3,4% en vez del 3,1%. Achaca parte de ese desfase a un sistema tributario que contiene "vacíos legales que menoscaban la base fiscal". Para subsanarlo propone acabar con los tipos reducidos (10%) y superreducido (4%) del IVA al considerarlos como "el principal factor de la escasa eficiencia de la recaudación" de este impuesto en comparación con otros países. Así, aunque reconoce que pueden tener sentido en productos como los alimentos, pide al Gobierno "reconsiderar los méritos de los tipos reducidos del IVA y eliminar aquellos que beneficien fundamentalmente a la población con mayores ingresos".

Pero la crítica más dura del informe se centra en la infrautilización de la fiscalidad verde. "Los ingresos procedentes de impuestos ambientales han disminuido en términos reales desde el año 2000" sostiene. El documento estima que "hay margen" para elevar el tributo sobre hidrocarburos por encontrarse por debajo de la media de la OCDE. El organismo que dirige Ángel Gurría aboga de forma insistente por elevar la presión fiscal sobre el litro de diésel -que genera más CO2 y es más contaminante- hasta que su tributación "al menos iguale" a la gasolina. De esta forma estima que se podrían lograr 4.000 millones adicionales de recaudación.

El documento aplaude el incremento de las tasas sobre el tabaco y el alcohol aprobado por el Gobierno en diciembre y recuerda que todavía "podrían aumentarse más" porque aún están por debajo del promedio de la UE. Sin embargo, a la OCDE no le gustó tanto la eliminación de algunas deducciones del Impuesto de Sociedades a las grandes compañías, especialmente la limitación a la compensación de bases negativas. El documento recuerda que debido a la profunda crisis "muchas empresas han sufrido pérdidas que ahora no se podrán deducir en parte". Algo que a su juicio "podría reducir los incentivos de las empresas a la hora de asumir riesgos en el futuro y disminuir de manera significativa el atractivo de España como destino de inversión".

Riesgos

El informe también recopila una serie de riesgos internos como externos. En el ámbito doméstico la OCDE considera que un Gobierno en minoría puede tener "dificultades para legislar reformas adicionales de calado necesarias para impulsar el crecimiento de manera sostenible". También señala que la ralentización del crecimiento del comercio mundial podría minar aún más las exportaciones, las cuales han sido un motor importante de la recuperación económica.

Por último, en caso de que volvieran a vivirse turbulencias en los mercados financieros internacionales, el informe explica que podrían minar la confianza del sector privado e incrementar el coste de la deuda pública. Por el contrario, la OCDE estima que la exposición de España al "brexit" es moderada.