La mitad de los directivos ven habituales la corrupción y el soborno

No era de extrañar a la vista de lo que se ve casi a diario en la prensa, pero ya son la mitad de los directivos de las empresas españolas los que consideran que los sobornos y las prácticas corruptas son habituales a la hora de hacer negocios en España. Curiosamente, también uno de cada dos ejecutivos estima que las normas actuales para perseguir ese tipo de comportamientos abusivos resultan insuficientes.

Así se desprende del barómetro anual publicado este martes por la consultora EY sobre ese espinoso asunto, y que compara la opinión de 2.800 altos cargos de empresas radicadas en 62 países y territorios del mundo. Viendo el parecer sobre España, se percibe una sensibilidad bastante mayor que en buena parte de las economías occidentales.

Y es que mientras en España el 50% de los directivos -el doble que hace un año (28%)- perciben la corrupción como algo frecuente si las compañías quieren ganar dinero, solo el 20% comparte la misma opinión en Europa occidental respecto a lo que ocurre en ese territorio. Por eso, el país ha escalado una decena de posiciones (de la 22 a la 31) en esa lista donde los gobernantes querrían estar lo más abajo posible.

A la vista de sus datos, Brasil es el país del mundo donde más ejecutivos creen que sin sobornar a políticos y/o autoridades no se puede ir a ningún lado en el mundo empresarial. Lo considera hasta el 90%, frente al 88% de los directivos de Ucrania que piensan lo mismo respecto a su nación, seguidos del 86% en Nigeria y Tailandia, el 84% en Kenia, el 82% en México y el 80% en Colombia. Indonesia les sigue de cerca (78%), igual que Sudáfrica (74%).

Para encontrar a España, no obstante, aún habría que descender un poco más. Por encima de ella, en cuanto a la percepción de las conductas corruptas como algo usual en los negocios, todavía estarían media docena de socios suyos en la Unión Europea:_Eslovaquia (donde el 70% de los directivos comparte el diagnóstico referido), Hungría (66%), Grecia (62%), Croacia (60%), Italia (56%) y República Checa (54%). Y Portugal está al mismo nivel (50%).

En cualquier caso, también llama la atención el hecho de que la opinión de los directivos españoles sea mayor que la de sus colegas en países como Serbia (48%), Vietnam (42%) y Malasia (40%) o Rumanía (36%), por poner solo algunos ejemplos. La media entre los 62 países consultados se encuentra en el 39%. En los mercados desarrollados baja de media hasta el 21%, mientras que en los emergentes repunta de forma apreciable hasta el 51%.

En contraste con ello, los ejecutivos españoles parecen tener más confianza en la labor de las autoridades nacionales para acabar con esas prácticas, si bien ven manifiestamente mejorable su efectividad. Así lo piensa el 51%, frente al 40% que creen lo mismo en las economías desarrolladas, el 45% en Europa y el 47% de media general.

El 12% falsificaría balances

Más preocupante se antoja la minoría creciente de responsables de empresas que justificaría comportamientos «no éticos» para mejorar el rendimiento de aquellas o ayudar a que sobrevivan en una situación de crisis. En España un 28% estarían dispuestos a utilizar pagos en efectivo o regalos (14%) para conseguir un negocio, o incluso a maquillar información financiera (12%).

En suma, cuatro de cada 10 ejecutivos (el 42%) estaría dispuesto a cruzar esa frontera moral, e incluso legal, con tal de que eso beneficiara a su compañía. En Europa occidental, de media el 28% afirma que haría lo propio, mientras que en los mercados desarrollados serían el 30% y en los emergentes el 40%.

Más allá de las dadivas o pagos en ocio que harían para «asegurar la continuidad» del negocio, destaca que uno de cada 10 directivos considere que falsificar los balances de su empresa -lo cual sería un delito societario- estaría «justificado» si con ello logran su supervivencia. En Europa y las economías desarrolladas, por el contrario, solo lo verían algo legítimo el 2% y en los emergentes, con una legislación más laxa en esa materia, tan solo el 6%.

Curiosamente, casi todos los consultados en España (el 96%) piensan que llegado el caso de rendir cuentas a la justicia por esos hechos, cada directivo debería responder de forma individual y no la empresa en general.