La Marea de Vigo solicita una comisión para definir el futuro PGOM

La Marea de Vigo ha solicitado que se cree una comisión para que los grupos políticos que conforman la corporación puedan debatir y definir el contenido del próximo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de la ciudad.

Todo ello después de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento aprobase a finales de diciembre incoar la contratación del servicio de redacción del nuevo texto.

El portavoz de la Marea, Rubén Pérez, ha censurado en una rueda de prensa que la elaboración del nuevo PGOM vigués sea un tema que pase "de manera secundaria en prácticamente todos los debates municipales".

No obstante, ha reconocido que, más de dos años después de la anulación del de 2008, "por fin nos ponemos a trabajar en lo concreto".

Por ello, y teniendo en cuenta que, ha dicho, el inicio de la creación de un planeamiento urbanístico es una decisión fundamentada en cuestiones técnicas y legales pero "meramente política", ha solicitado que se convoque una comisión "para hablar políticamente de este asunto".

Ha abundado en que las reuniones de la Gerencia de Urbanismo tienen una duración de entre diez y quince minutos, por lo que "no pueden abordar los trabajos políticos" y permitir que los partidos trasladen "el modelo de ciudad que queremos poner sobre la mesa".

Además, Pérez ha incidido en la importancia de que los diferentes agentes económicos y sociales de Vigo participen en los trabajos previos a la redacción que, según ha defendido, requieren un esfuerzo "muy ambicioso".

Los mismos deben contemplar, entre otras cuestiones, "un mapeo demográfico, sociológico o de las necesidades de exclusión social".

"Pensamos que antes de presentar un borrador se tiene que hacer un trabajo muy ambicioso y eso en el pliego se toca de manera tímida. Se corre el riesgo de que este PGOM se haga de manera oscurantista", ha alertado.

Con respecto al calendario marcado para la aprobación del nuevo texto, el portavoz ha recordado que se contempla el "horizonte 2021" y, a pesar de la existencia de una ordenación provisional, ha alertado de que este periodo, ampliable hasta 2023, es "absolutamente lesivo para los intereses económicos y sociales".

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