La Junta se convierte en accionista de Tragsa para poder encomendarle trabajo

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la compra de una acción de la empresa pública Transformación Agraria SA (Tragsa), valorada en 8.171 euros, que servirán para cumplir con la normativa europea a la hora de encomendarle diferentes labores.

La adquisición de este título confiere a Castilla y León el 0,0034 por ciento del capital de la sociedad, que ya está participada en la misma medida por otras quince autonomías por la misma razón, ya que cuentan con ella para desarrollar trabajos de selvicultura, de prevención de incendios y vinculados al sector agrario.

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 26 de febrero de 2004 determina que las administraciones públicas que quieran encargar la realización de trabajos a compañías consideradas como medios propios instrumentales a efectos normativos deben ejercer un control sobre ellas a través de su presencia en los órganos de decisión de estos entes públicos.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizó el pasado 16 de septiembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la enajenación de una acción de esta empresa pública de titularidad de la Administración General del Estado a favor de la Junta por su valor patrimonial.

Castilla y León se suma así a la lista de quince autonomías que ya forman parte del accionariado de Tragsa -Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria, Murcia, La Rioja, Galicia, Aragón, Andalucía, Canarias, Cataluña, Baleares, Extremadura, Asturias y País Vasco-.

El socio mayoritario de la empresa pública es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 51 por ciento de los títulos, seguida por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), con el 38,96 por ciento, y la Dirección General de Patrimonio del Estado, con el 9,98 por ciento de representatividad.EFE

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