La FER denuncia que los nuevos decretos aumentan la inseguridad de las pymes

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha denunciado este miércoles que los nuevos decretos del Gobierno de España aumentan la inseguridad jurídica y las cargas burocráticas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.

La FER ha indicado, en una nota, que "el Gobierno nacional, mediante la figura de los Real Decreto-ley, se ha saltado a la torera la negociación y el acuerdo en planes de igualdad, registro de la jornada laboral y salarial".

Esta situación, ha relatado, produce en la actividad empresarial "una intolerable inseguridad jurídica e incertidumbre", algo que ha calificado como "los dos principales problemas que hay que evitar si no se quiere perjudicar el crecimiento económico y la generación de empleo", ya que "se desconoce si finalmente serán convalidadas en el Congreso, a pesar de fijan plazos breves de adaptación".

Ha precisado que la nueva normativa obliga a las compañías a fijar registros con los valores de los salarios, a desarrollar planes de igualdad en empresas de más de cincuenta trabajadores y a inscribir dichos planes en los registros de planes de igualdad, a desarrollar auditorías y otros aspectos.

Estas medidas, además, han ido "mucho más lejos" que lo requerido en este ámbito en los países más desarrollados, que lo circunscriben a empresas de más de 250 trabajadores, con lo cual, "las empresas vuelven a tener que soportar más cargas burocráticas que se traducen en nuevos costes, que los competidores europeos", ha opinado.

La FER ha defendido la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero ha considerado que las medidas necesarias deben acordarse en el marco de la negociación colectiva y con el acuerdo de los representantes empresariales y laborales y no a través de nuevas "cargas" burocráticas para las empresas.

"Un asunto de tanta transcendencia, como la igualdad en el empleo, no debe resolverse por medio de decretos, sino con medidas consensuadas, analizando la situación de cada sector cuya realidad es diferente", ha señalado.

Además, ha indicado que el decreto impone estas cargas a las empresas más pequeñas, aquellas que tienen menos capacidad y recursos para cumplir con estas nuevas normas, para las cuales "implican tiempo y costes añadidos a la actividad propia de las empresas difícilmente asumibles".

"El Gobierno deja por los suelos la importancia y la necesidad de la negociación colectiva y del acuerdo en estos temas, que es el mejor marco posible para que cualquier medida establecida sea factible y pueda llevarse a cabo", ha concluido.

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