La CE propone que autoridades fiscales accedan a información de titulares

La CE propuso hoy medidas para reforzar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, como dar a las autoridades en la materia un mayor acceso a información sobre los titulares reales de empresas, fideicomisos y fondos, y más controles sobre las cuentas y el intercambio de información.

"Para identificar a los evasores de impuestos, las autoridades fiscales necesitan saber quién es el beneficiario efectivo de cada empresa, fideicomisos y fondos", afirma la Comisión Europea (CE), que recuerda que estas no tienen acceso a estos datos en todos los Estados miembros.

La Comisión también quiere que las cuentas ya existentes y aquellas nuevas que se abran sean sometidas a controles, para evitar que se usen para actividades ilícitas que potencialmente escapan de la vigilancia de las autoridades, a la vez que se refuerza la vigilancia sobre los fideicomisos y las empresas.

Además, plantea reforzar el seguimiento de las actividades de los consejeros fiscales, para lo que la Comisión examinará "cómo elaborar medidas disuasivas eficaces contra aquellos que fomentan y hacen posible la planificación fiscal agresiva".

En el extremo opuesto, la CE se muestra dispuesta a examinar "la necesidad de adoptar medidas horizontales o sectoriales complementarias para reforzar la protección de los informantes" que permiten revelar casos de elusión y evasión fiscal, ante la presión de la sociedad civil para que se les proteja.

También pretende "estudiar" cómo los Estados miembros pueden intercambiar de forma automática la información que tienen a nivel nacional sobre la propiedad efectiva de las empresas y los fideicomisos que "puedan tener un potencial impacto fiscal".

Además, la CE mantiene su intención de "promover la buena gobernanza fiscal en todo el mundo y combatir las jurisdicciones fiscales no cooperativas", punto en el que recuerda que se está trabajando para crear una lista negra de paraísos fiscales a escala europea cuya primera versión quiere que sea publicada en 2017.

Ahora, las medidas tendrán que ser aprobadas por los Estados miembros, reunidos en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo en el caso de las normas que afectan a la directiva contra blanqueo, pero no los cambios sobre la directiva de Cooperación Administrativa en materia tributaria, sobre lo que la Eurocámara solo tiene un papel consultivo.

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