La CE analizará en detalle los razonamientos de España para evitar la multa

La Comisión Europea (CE) examinará "en detalle" los argumentos que ha presentado el Gobierno español en funciones para evitar una multa por no haber tomado medidas eficaces para reducir el déficit, y tomará una decisión antes de fin de mes.

"Puedo confirmar que hemos recibido la solicitud razonada de España y ahora lo que haremos es analizarla en detalle y proponer una recomendación antes de fin de mes, tomándola en cuenta", señaló el portavoz comunitario Alexander Winterstein en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

El portavoz confirmó además que la CE no ha recibido aún la solicitud con los argumentos de Portugal, pero el país tiene aún hasta el día 22 para enviar sus alegaciones a Bruselas.

Winterstein no quiso valorar el contenido de los razonamientos enviados por el ministro español de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, a la Comisión.

Preguntado por si la CE acelerará la toma de decisión sobre la multa, que puede ir de cero a casi 2.200 millones de euros en el caso de España y la suspensión de parte de los fondos estructurales y de inversión europeos dado que Madrid ha enviado sus alegaciones en menos de 48 horas, el portavoz dijo que las fechas límite son "muy claras" y que la Comisión actuará "dentro de las mismas".

Tras la decisión del Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) el pasado martes, España tenía 10 días para enviar sus argumentos en contra de una multa y la CE dispone de 20 días desde el pasado día 12 para hacer una propuesta de sanción.

El colegio de comisarios se reúne el próximo día 20 y después de nuevo el día 27.

"Hay un proceso que está en marcha", dijo únicamente Winterstein, quien confirmó no obstante que, junto a la decisión sobre la multa, la CE también pretende presentar la nueva senda fiscal con los objetivos de reducción del déficit revisados antes de fin de mes.

En sus alegaciones, el Gobierno español en funciones se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público.

Asegura además que en cuanto se constituya el próximo Gobierno se aprobará un decreto ley con las medidas anunciadas, que incluyen la subida de los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del Impuesto de Sociedades, con una recaudación adicional estimada de 6.000 millones de euros, y nuevos instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, con un impacto previsto de otros 1.000 millones.

A ello se suman otros 1.500 millones que el Gobierno espera ahorrarse en el pago de los intereses de la deuda pública.

Según se explica en el documento de alegaciones, estas medidas adicionales muestran el compromiso "firme e inequívoco" de España para situar el déficit público por debajo del 3 % del PIB en 2017.