Informe ve incorporación de créditos en contra de estabilidad presupuestaria

El informe de fiscalización de Extremadura de 2013, aprobado hoy por el Tribunal de Cuentas, refleja que se financiaron generaciones e incorporaciones de crédito, con remanente de tesorería, por importe de 29 millones de euros, "en contra de los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria".

Asimismo, se señala que en materia de contratación pública no se justificó "suficientemente la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos analizados".

El informe, enmarcado en una fiscalización de la Administración General, organismos autónomos, sector empresarial y Fundaciones y Consorcios autonómicos, analiza la ejecución de los presupuestos regionales, la estabilidad presupuestaria, la reordenación del sector público regional, la contratación pública y la gestión de los gastos de personal, de los instrumentos de lucha contra la morosidad y del endeudamiento financiero.

"La ausencia de desarrollo de módulos del sistema contable determina las deficiencias de información detectadas en la memoria rendida por la Administración General, especialmente en relación con los gastos con financiación afectada e ingresos", recoge el informe.

De las incidencias que se han detectado, en relación con la imputación presupuestaria de los gastos de la Administración General, se encuentra la infravaloración de las obligaciones reconocidas en un importe conjunto de 248 millones de euros, fruto, principalmente, "de la inadecuada imputación presupuestaria de la variación neta de pasivos financieros".

Por otra parte, "la ausencia de un sistema de registro contable de facturas" ha impedido realizar el seguimiento del ejercicio de origen de las registradas en la cuenta de acreedores pendientes de imputar al presupuesto, así como verificar si en todos los casos se ha seguido el régimen de autorizaciones previsto para su correcta imputación presupuestaria.

Por lo que respecta a los ingresos, "la correcta imputación temporal de los derechos presupuestarios hubiera supuesto el aumento de los mismos en 12 millones de euros", en su mayor parte registrados como partidas pendientes de aplicación.

Al cierre de 2013 existían deudores presupuestarios de cuya antigüedad podría deducirse su prescripción, por un importe conjunto de 34 millones de euros.

Además, la contabilidad no recoge las inversiones anteriores al ejercicio 1985 ni, en general, los activos inmovilizados que no surgen de la ejecución presupuestaria, "lo que no ha permitido registrar, de forma individualizada, las bajas, las amortizaciones y los beneficios o pérdidas por enajenación".

"Estas circunstancias condicionan la representatividad del balance y de la cuenta del resultado económico patrimonial", añade el estudio.

Se señala que las dotaciones presupuestarias del Servicio Extremeño de Salud se manifiestan, de forma reiterada, "insuficientes para hacer frente a los gastos reales, lo que obliga a desplazar los gastos a ejercicios posteriores, de una forma sistemática".

Todo ello incide en el elevado volumen de los acreedores que están pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo saldo final ascendió a 176 millones de euros.

"De haberse aplicado al presupuesto estas obligaciones, el resultado presupuestario del Servicio Extremeño de Salud arrojaría un déficit de 102 millones de euros en 2013", según se refleja.

En 2013, continuó "el deterioro de los resultados agregados del sector público empresarial", hasta alcanzar unas pérdidas agregadas de 41 millones de euros, donde se han detectado "sobrecostes" en los servicios encomendados en el período 2010-2012 a las empresas Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A. y a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A. que han sido reclamados por la Consejería de Administración Pública en 2014.

Subraya el informe que Extremadura cumplió en 2013 sus objetivos de déficit y deuda pública, "obteniendo porcentajes respectivos de 0,88% y 15,8% del PIB regional", cuando el objetivo marcado era un 1% y un 16,2%, respectivamente.

Aunque no se ha aprobado ningún plan integral de reestructuración del sector público, la reducción efectiva de entidades públicas al cierre de 2013 se cifraba en 12 entidades, "sin que se haya aportado la preceptiva información en relación con la cuantificación de ahorros".

Por lo que respecta a los gastos de personal soportados por las entidades que integraban el sector público autonómico en 2013, estos experimentaron un aumento del 3,7% respecto al ejercicio precedente, alcanzando un importe de 1.938 millones de euros.

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