Hacienda frenará las nuevas inversiones autonómicas por incumplir el déficit en 2015

El Gobierno está dispuesto a aplicar ahora mano dura tras la evaluación de las cuentas públicas de 2015, cuyos resultados se encuentran muy alejados de las previsiones en el caso de las comunidades. Con un déficit regional del 1,6% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), el Ministerio de Hacienda no permitirá a los entes territoriales que hayan superado el límite del 0,7% gastar más dinero del que ya tienen comprometido. El ministro, Cristóbal Montoro, explicó este jueves que impedirá que se formalicen nuevas partidas de inversiones. «No se trata de instarles a que recorten, sino a que no incremente el gasto con respecto al que ya están haciendo», afirmó durante la presentación de la ejecución presupuestaria final.

El Ejecutivo ha cargado prácticamente la responsabilidad del desfase de las cuentas públicas sobre las comunidades. El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas ascendió al 5,16% del PIB, esto es, que gastaron 55.755 millones más de los que ingresaron. En el caso de las comunidades, solo tres (País Vasco, Galicia y Canarias) consiguieron situarlo por debajo del techo. Montoro sostiene que los nuevos gobiernos surgidos tras las elecciones del mes de mayo «sólo hablan de gastar más». Y advierte que «los que proponen estas medidas nos llevan a volver a la crisis y a destruir empleo».

Su intención es que el incremento del gasto autonómico no supere el 1,8% este año «en consonancia con el crecimiento potencial de la economía», según Montoro. El ministro recuerda que los 10.000 millones adicionales que los Presupuestos destinarán a la financiación territorial deben servir solo para «financiar servicios comprometidos».

Montoro acusa directamente a Cataluña y la Comunidad Valenciana, porque es «donde han generado la mitad de todo el déficit». En el caso catalán, insinúa que «sus gestores se han dedicado a ver si convocaban o no unas elecciones». Y con respecto a Valencia, afirma que «no puede convertirse en santo y seña de lo que debe ser un Gobierno de coalición para España, al menos en cuanto a déficit».

A pesar de que las regiones se desviaron en casi 11.000 millones con respecto a los 7.000 estimados inicialmente, las cuentas de la Seguridad social también muestran un desfase superior a los 6.500 millones, prácticamente el doble de lo que el Ejecutivo había pronosticado. Su déficit se situó en el 1,26% del PIB frente al 0,6%. Las cuentas de este organismo permanecen en negativo desde que en el año 2008.

Esta evolución negativa se debe tanto al incremento de los gastos en pensiones, a pesar de que la revalorización se situó en el mínimo 0,25%, por el acceso de nuevos perceptores con prestaciones mayores. Y, al mismo tiempo, porque las cotizaciones no cubren las necesidades. Consciente de la fragilidad del sistema, el ministro instó al resto de partidos políticos, en previsión de que este año vuelva a desviarse de forma considerable, a «abordar una financiación correcta y serena del sistema de pensiones», con figuras como los impuestos y no solo a través de las cotizaciones. De hecho, en los dos primeros meses de 2016, el superávit de la Seguridad Social se ha reducido en 300 millones, hasta los 3.037 millones.

Sin embargo, hasta el propio Gobierno en funciones da por hecho que el actual o el futuro Ejecutivo tendrá que renegociar el calendario de cumplimiento del déficit con la Comisión Europea. Si no lo hiciera, para finales de 2016 debería suponer un 2,8% del PIB, esto es, unos 2,4 puntos menos que la cifra con la que se cerró el año pasado. En términos cuantitativos supondría aplicar un recorte de 25.600 millones.

En esa misma línea se definió este jueves el ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que el Gobierno tendrá que negociar con Bruselas un nuevo objetivo. No será necesario modificar los Presupuestos de 2016, sino que lo que se hará, y así se ha hablado ya con la Comisión, es incluir en el plan de estabilidad a presentar en abril un apartado con las medidas que se van a adoptar para corregir la desviación del déficit.

En cualquier caso, Montoro ha desligado el incumplimiento de los compromisos de España con la rebaja fiscal del IRPF y Sociedades. Su impacto en las cuentas públicas de este año y el anterior será de 7.867 millones. Pero, al mismo tiempo, la reforma tributaria habría impulsado en 0,6 puntos la creación de empleo, y en otros 0,36 puntos el crecimiento del país.