Gobierno e instituciones esperan cerrar segunda evaluación tras rescate

El Gobierno griego y las instituciones acreedoras esperan cerrar esta semana los flecos pendientes de la segunda evaluación posterior al rescate para que el próximo viernes el Eurogrupo pueda dar luz verde a un desembolso de 970 millones de euros.

En un principio estaba previsto que a partir de hoy se encontraran en Atenas los jefes de misión de la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, pero finalmente solo han venido cuadros técnicos.

Según señalan hoy los medios locales, la llegada de los jefes de misión ha sido pospuesta a mayo, debido al retraso sufrido en las negociaciones para la nueva ley de protección contra el desahucio aprobada la semana pasada en el Parlamento.

La cámara aprobó una ley que permitirá que las personas incapaces de pagar la hipoteca de su vivienda habitual sigan estando protegidas contra el desahucio, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones.

Los acreedores lograron arrancar al Ejecutivo de Alexis Tsipras una serie de limitaciones que no estaban previstas en el borrador inicial, pues consideraban que este era demasiado generoso con personas que no pagan aún pudiendo hacerlo.

Finalmente se logró un acuerdo que protege a las viviendas habituales, cuyo valor catastral no exceda de los 250.000 euros y si los ingresos anuales del deudor no superan los 12.500 euros anuales (hasta 36.000 euros en el caso de las familias).

Según el Gobierno y la banca, el 70 % de las personas con problemas de pago seguirán estando protegidas contra la ejecución de sus hipotecas.

Las autoridades europeas aceptaron que en el marco de protección entren también viviendas que han sido hipotecadas para préstamos empresariales, siempre y cuando su valor catastral no supere los 175.000 euros.

Aunque todavía hay algún fleco que solventar esta semana respecto a los detalles de esta ley, se espera que los técnicos abran en paralelo la tercera evaluación posterior al rescate, con el objetivo de cerrarla a finales de mayo tras las elecciones europeas.

El viernes tendrá lugar la próxima reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, de la que el Gobierno de Atenas espera obtener luz verde para cobrar los citados 970 millones de euros que resultan de los intereses generados por los bonos helenos en manos de los bancos centrales nacionales y del Banco Central Europeo (BCE), que pertenecen al Estado.

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