Gobierno de Guatemala destituye a viceministro prófugo acusado de ejecuciones

El Gobierno de Guatemala anunció hoy la destitución del viceministro de Gobernación (Interior) Kamilo Rivera, quien está prófugo de la[…]

El Gobierno de Guatemala anunció hoy la destitución del viceministro de Gobernación (Interior) Kamilo Rivera, quien está prófugo de la Justicia desde el lunes por su presunta participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales.

El ya exviceministro envió el pasado lunes, el mismo día en el que las autoridades allanaron su casa para cumplir con una orden de captura, una misiva en la que anunciaba su renuncia por "razones de fuerza mayor" y "recomendaciones médicas".

Rivera está acusado, junto a otras personas, entre ellas el exministro de Interior Carlos Vielmann, de participar en "siete hechos nuevos" cometidos por una estructura criminal paralela que se dedicaba a perpetrar ejecuciones extrajudiciales dentro de dicho Ministerio durante el período 2004-2007.

En esa época era ministro Vielmann, juzgado y absuelto en España tras ser acusado de crear un cuerpo policial clandestino que asesinó en 2005 y 2006 al menos a ocho presos.

El caso se remonta al 22 de octubre de 2005, cuando se fugaron 19 presos de la cárcel de alta seguridad de Escuintla denominada "El Infiernito".

Las autoridades pusieron en marcha el "Plan Gavilán" con el objetivo de capturar a los prófugos pero la que parecía ser "una orden normal" dentro de las fuerzas policiales ante una situación era "sólo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC", según la acusación.

De esta manera, la estructura que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil cometió "graves violaciones al debido proceso y los derechos humanos de las personas que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente".

Para ello, se valieron de toda la infraestructura estatal que utilizaron para llegar a las personas que eran objetivo de búsqueda y, posteriormente, grupos armados ilegales decidían cómo ejecutar a los detenidos.

La actual investigación se centra en siete hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales.

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