Gobierno da prioridad a ampliar los permisos de paternidad en vísperas del 8M

El Gobierno aprueba este viernes el decreto ley para favorecer la igualdad laboral, que incluye la equiparación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad, mientras que retrasa la derogación de la reforma laboral de 2012 y descarta de momento una reforma de las pensiones.

En vísperas del 8 de marzo, Día de la Mujer, el Ejecutivo ha dado prioridad a un decreto ley que en su redacción inicial incluye permisos por nacimiento y adopción iguales e intransferibles a partir del 1 de enero de 2021, tras dos años de transición, aunque los agentes sociales no descartan que haya cambios respecto al borrador inicial.

Los sindicatos aprueban una medida que no cuenta con el visto bueno de la patronal, en tanto que ambas partes no descartan que el coste económico de la equiparación esté siendo objeto de discusión en el seno del propio Gobierno.

El Ejecutivo había recogido en los Presupuestos de 2019 la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas con un coste previsto de 300 millones de euros y 190.000 potenciales beneficiarios.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, confirmaba este martes que el decreto de igualdad se aprobará mañana incluyendo un registro salarial en las empresas y permisos de maternidad y paternidad "equiparados, a ser posible, de naturaleza igual e intransferible".

De los Presupuestos rechazados por el Congreso, el Ejecutivo también va a recuperar medidas de protección social como el subsidio para mayores de 52 años, con 114.000 potenciales beneficiarios, y la cotización con cargo al Estado de los cuidadores no profesionales -mayoritariamente mujeres- de las personas en situación de dependencia, con 180.000 personas como potenciales beneficiarias.

Estas medidas se incluirían en otro decreto ley relativo a la Seguridad Social, cuyo borrador -al que ha tenido acceso EFE- incluye el incremento de la prestación por hijo a cargo de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza y a 588 euros para las familias en situación de pobreza severa.

El texto también fija el mínimo de la prestación de incapacidad permanente total por enfermedad común para menores de 60 años en 6.930 euros anuales (6.991,60 euros con cónyuge a cargo o como unidad económica unipersonal).

Además, reduce un 14,6 % la cuota de los trabajadores agrarios por cuenta ajena durante los periodos de inactividad y bonifica la conversión de los contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos.

Estas medidas podrían ser aprobadas también en el Consejo de Ministros del viernes y a ellas se sumarán un plan de retorno para emigrados y un programa de empleo para desempleados de larga duración mayores de 45 años, que no tienen rango de ley y están prácticamente ultimados, según ha dicho también esta semana la ministra de Trabajo.

En el ámbito de las pensiones y tras el fracaso del Pacto de Toledo para renovar sus recomendaciones, el Gobierno se había planteado consolidar vía decreto ley la subida de las pensiones con el IPC, si bien Valerio ha descartado esta posibilidad, en tanto que ha vinculado la derogación de la reforma laboral a lograr un consenso político.

En este tema se sigue negociando, con mayor urgencia por parte de los sindicatos que no quieren que se pierda la oportunidad de hacer cambios que se antojan más difíciles con un futuro Parlamento en el que la derecha pudiera sumar la mayoría.

La reversión de la reforma laboral de 2012 incluiría la recuperación de la ultraactividad de los convenios (vigencia indefinida mientras no haya otro nuevo), la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la limitación de la subcontratación y el registro horario de la jornada.

La CEOE no está de acuerdo en todos estos cambios, pero sigue en la mesa de negociación para tratar de "controlar el daño", según fuentes de la patronal, y suavizar aspectos como el de restar protagonismo al convenio de empresa.