Gobierno cita a investigadores independientes de la violencia en Nicaragua

La Cancillería de Nicaragua citó hoy a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), unos entes tutelados por la CIDH, un día antes de que hagan público el informe final sobre la crisis que vive el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha jugado un papel fundamental en la crisis a través del Meseni, que apoya una de las comisiones del diálogo nacional que se instaló en mayo pero está suspendido, y mediante el GIEI, que apoya las investigaciones de los hechos de violencia en el marco de la crisis.

El GIEI informó que sus miembros y los del Meseni deben presentarse la tarde de este miércoles en la sede de la Cancillería nicaragüense, en Managua, sin que el Gobierno haya adelantado las razones del llamado.

La cita se da en la víspera del informe del GIEI sobre los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasados, uno de los episodios más violentos durante crisis desatada en el marco de protestas antigubernamentales.

En agosto pasado una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) debió abandonar Nicaragua tras haber acudido a una cita sorpresiva de la Cancillería, previo a la presentación de un informe sobre la crisis.

Según la CIDH, la represión en Nicaragua ha dejado 325 muertos, más de 300 "detenidos arbitrariamente", 200 profesionales de la salud despedidos y 40 catedráticos destituidos.

Las organizaciones locales que defienden los derechos humanos cuentan hasta 545 muertos y 674 detenidos, que consideran "presos políticos".

El Gobierno del presidente Daniel Ortega reconoce 199 víctimas y 273 detenidos a los que denomina como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

Ortega rechaza ser el responsable de los abusos de los que es señalado su Gobierno, y denuncia un intento de "golpe de Estado" que ya fracasó.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno, por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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