Gobierno argentino publica decreto para el retiro voluntario de funcionarios

El Gobierno de Argentina aprobó un decreto por el que se establece el retiro voluntario de funcionarios como parte de[…]

El Gobierno de Argentina aprobó un decreto por el que se establece el retiro voluntario de funcionarios como parte de un plan nacional de modernización que busca reducir la cantidad de trabajadores del Estado, informaron hoy en el Boletín Oficial argentino.

"Entre las premisas del Gobierno Nacional se encuentra la de lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados", alegaron en la publicación.

Se podrán acoger a este decreto los trabajadores del Estado de 65 años o más de edad, que no cuenten con los años de servicio necesarios para jubilarse de manera ordinaria, superar la edad de jubilación (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) o tener hasta 60 años de edad y acreditar una prestación de servicios superior a los dos años en entidades estatales, entre otros.

Por otra parte, quedan excluidos los trabajadores de las Fuerzas Armadas en actividad y retirados que prestaran servicios militares, de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en actividad o retirados que prestaran servicios por convocatoria y trabajadores de la Agencia Federal de Inteligencia argentina.

Asimismo, tampoco podrán acogerse a este plan los que estén procesados en perjuicio de la Administración pública, ostenten algún cargo docente, sean profesionales de la salud, en el Servicio Exterior de la Nación o personal científico técnico, entre otros.

Este régimen, impulsado por el Ministerio de Modernización, contempla hasta seis sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales y consecutivas para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, equivalentes al sueldo neto.

El Gobierno de Mauricio Macri busca desde su llegada en 2015 modernizar el aparato estatal, un objetivo que pretende alcanzar digitalizando las administraciones públicas en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal) y reduciendo la plantilla de funcionarios, la mayoría heredados de gobiernos anteriores, entre otras medidas.

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