Fiscal general de Perú denuncia a exministro de Economía por caso Chinchero

El Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Pedro Chávarry, presentó hoy una denuncia contra el exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne por la suscripción de una adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, que supuestamente atentó contra los intereses del Estado.

Chávarry acusó a Thorne por los presuntos delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado, según la denuncia constitucional presentada ante el Congreso y publicada por medios locales.

Los cargos están formulados sobre una presunta presión ejercida por Thorne al entonces Contralor General de la República, Edgar Alarcón, para que no pusiera objeciones a la adenda a cambio de un mayor presupuesto para la institución que lideraba.

La conversación donde Thorne comentaba este ofrecimiento fue grabada subrepticiamente por Alarcón, y su revelación obligó al ministro a dimitir ante las amenazas de censura del fujimorismo, que controla el Congreso con mayoría.

Por su parte, Thorne afirmó en un mensaje publicado en la red social Twitter que tiene su conciencia limpia y que sabrá defender su inocencia en todas las instancias necesarias.

"Nunca cometí el delito de cohecho que se me imputa. Como lo dije en el Congreso, la gente decente ni chantajea ni se deja chantajear", agregó.

La denuncia de Chávarry contra Thorne se produce en medio de una gran confrontación entre el fiscal general y el Gobierno, cuyo presidente, Martín Vizcarra, le ha solicitado en reiteradas ocasiones que dimita por sus vínculos con una gran trama de corrupción que operaba en el seno de la judicatura.

A cambio, Chávarry ha amenazado con investigar al presidente también por el caso Chinchero, pues fue Vizcarra quien firmó la adenda para la construcción del aeropuerto cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones en el mandato del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Con la adenda, el aeropuerto costaba 520 millones de dólares, de los que 410 millones de dólares habrían sido cubiertos por el Gobierno peruano y 109 por el consorcio concesionario Kuntur Wasi, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, que obtenía la concesión de operación por 40 años.

Ante los problemas presentado con la adenda, el contrato fue roto unilateralmente por el Gobierno peruano, que volverá a licitar el proyecto como obra pública, bajo el esquema de acuerdo de gobierno a gobierno, con Estados Unidos, Canadá, Francia, Corea del Sur y Singapur entre los interesados.

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