Ferroatlántica insiste en la legitimidad de segregación de actividades

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Luis Míguez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa acompañado por directivos de Ferroglobe, grupo resultante de la fusión entre Globe y Ferroatlántica, en la que se ha insistido de nuevo en la legitimidad de la petición de esta empresa de segregación de las actividades hidroeléctricas y de ferroaleación en la cuenca del río Xallas.

Míguez ha presentado las alegaciones de la compañía después de que el comité de empresa de las centrales de Ferroatlántica en la Costa da Morte hiciese lo mismo en relación a la petición anteriormente mencionada, que actualmente está siendo estudiada por el Gobierno gallego, quien deberá decidir sobre la cuestión.

El experto de la USC ha declarado que la empresa ha tenido "conocimiento oficioso", pero no oficial, de las alegaciones formuladas por el comité de empresa, ya que la Xunta no les ha facilitado este documento, y que esta argumentación jurídica hoy presentada es una respuesta a lo esgrimido por los representantes de los trabajadores.

Según Míguez, buena parte de las cuestiones que el comité de empresa alega ya han sido respondidas en la solicitud inicial de Ferroglobe, pero aun así esta mañana ha reiterado "una vez más que la situación ha cambiado de manera radical desde el momento en que la cláusula -que une ambas actividades productivas- fue impuesta".

De este modo, ha querido señalar que las ferroaleaciones ya no son un sector de "dudosa viabilidad", sino que es una actividad "creciente" con buenos resultados económicos; mientras que, en cuanto a la producción de energía hidroeléctrica, el cambio legal en las primas y en la regulación del autoconsumo ha hecho que sea difícilmente rentable.

A tenor de estos hechos, ha expresado que "no subsisten de alguna manera ni las condiciones fácticas ni las condiciones jurídicas" que sustentaban la no segregación de las dos actividades desempeñadas por Ferroatlántica en la cuenca del Xallas.

Asimismo, Míguez también ha recordado que "cuando se impuso la cláusula en su momento, Ferroatlántica la impugnó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", que falló en su contra, al igual que el Tribunal Supremo, pero por motivos formales y en sentencias "que nunca entraron a enjuiciar la legalidad de la cláusula"

El especialista en Derecho Administrativo ha destacado además que la cláusula, aunque imponga una obligación, es "accesoria" y que, de eliminarla, "no afectaría para nada a lo que es la esencia" de la concesión.

El Gobierno gallego, a través de Augas de Galicia, tiene un plazo de tres meses desde la recepción del expediente para decidir su posición, que vence a mediados del mes de agosto, ha subrayado Míguez, que ha criticado que "lo normal sería que se diese traslado oficial a la empresa" de las alegaciones de los representantes de los trabajadores y no haya sido así.

Aun así, ha mencionado que "si la Xunta quiere limitarse y decidir antes", puede hacerlo, ya que además ha adquirido de palabra un compromiso con los trabajadores de las centrales de decidir lo antes posible, aunque para el experto de la USC en este tema "debe primar el sosiego".

En caso de que el Gobierno gallego tome una decisión contraria a los intereses de Ferroatlántica, los directivos presentes en la rueda de prensa de esta mañana han asegurado que emprenderán acciones legales.

La directora general de Asesoría Jurídica de Ferroatlántica, Clara Cerdán, ha sostenido que la empresa tomará "todas las acciones legales que le amparan" en este supuesto, en el que además sería "inviable llevar a cabo el plan industrial" de inversiones que pretenden financiar con la venta de las centrales.

"Evidentemente, la situación quedaría precaria", ha añadido, sin cerrar la puerta a posibles despidos o reestructuraciones internas en caso de que no se autorice la segregación.

Más tajante ha sido el director de Recursos Humanos, José María Merino, que ha asegurado que "habría pérdida de empleo, habría pérdida de inversión y habría recorte en los costes, sin duda".

Merino también ha querido desmarcarse de las afirmaciones de los sindicatos que pronostican el principio del fin de las centrales de Ferroatlántica en caso de segregación de las actividades, ya que ha manifestado que "la historia avala el éxito de la fábrica" de ferroaleaciones, con una "tendencia extraordinariamente creciente" desde su adquisición en 1992 hasta alcanzar resultados "destacados" dentro del grupo empresarial.

"Los trabajadores no tienen por qué temer por sus puestos de trabajo", siempre que se autorice la segregación, ha aseverado, antes de incidir en que el plan de inversión previsto cuenta con el respaldo de los principales sindicatos a nivel estatal.

.