Falciani pide al Gobierno que reflexione sobre los efectos de su extradición

El exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, ha[…]

El exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, ha reclamado este miércoles al Consejo de Ministros español que reflexione sobre las consecuencias que podría tener su extradición a la justicia helvética.

A su juicio, aprobar su extradición supondría "poner en riesgo nuestro sistema de bienestar" y, más allá de su situación procesal, ha pedido que se ponga el foco en los peligros que entraña "no tener una política contundente contra los futuros riesgos económicos".

"No se trata de la independencia judicial", ha insistido este consultor de 46 años, quien ha reiterado su confianza en las instituciones españolas, "sino que antes les toca a los políticos, y espero que después no digan que no han tenido nada que hacer ni opinar".

Falciani ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo del taller que imparte en la Universidad Politécnica de Valencia sobre el uso de datos abiertos y la tecnología 'blockchain'.

"El fraude, la evasión fiscal, necesita de la opacidad financiera para sobrevivir. Hablamos de 3.000 millones de euros anuales, como poco, de dinero sucio", ha insistido.

En su intervención, Falciani ha advertido sobre los riesgos y las oportunidades que supone la generalización de las criptomonedas y la tecnología 'blockchain', que permite conocer la trazabilidad de las gestiones financieras y los flujos económicos, además, obviamente, de la identidad del cliente, pero que, a su juicio, debe incluir información y garantías también sobre los orígenes de los fondos con los que se opera.

"Está en juego la economía, el hecho de que un país, de forma desleal, pueda poner en peligro a otros, y esto se ha de explicar", ha agregado.

Para ello, ha defendido la certificación de los fondos financieros a nivel local, en cada país, sin que ello dependa de un organismo internacional o un tercer país, como en su opinión podría ser Suiza, para mantener la privacidad de cada cliente de banca y permitir, al mismo tiempo, la garantía de que sus fondos tienen un origen lícito.

Preguntado por su situación judicial, Falciani la ha comparado con una partida de ajedrez al afirmar: "Estoy dispuesto a sacrificar mi posición; si me intentan comer y pierden, me va bien".

"Es importante que no se olvide que ha habido entidades financieras que han pagado grandes sumas de dinero para no ir a juicio, y es curioso que esos mismos bancos quieren que se me juzgue. Vamos a esperar a ver cómo se posiciona el Consejo de Ministros, porque está en juego nuestro sistema de bienestar", ha agregado.

Preguntado por si teme por su vida, ha respondido: "Cada mañana trato de saber cuál es mi responsabilidad y ejercerla. He tenido el privilegio de compartir información de interés social y ahora tengo que cumplir con mi responsabilidad, que debería ser también política", en alusión de nuevo a la decisión que sobre él ha de adoptar el Ejecutivo español.

Sobre si mantendrá su colaboración con el Gobierno valenciano -a través de la Agencia Valenciana Antifraude-, se ha limitado a responder que hablará al respecto esta tarde con los responsables de este organismo.

Falciani fue detenido el pasado mes de abril en Madrid en cumplimiento de una petición de extradición de Suiza que pide su entrega para cumplir una pena de 5 años de cárcel que le ha sido impuesta en rebeldía por haber intentado en 2008 hacer públicos datos bancarios.

Se trata de una petición por hechos similares por los que ya fue rechazada su entrega en 2013 en la Audiencia Nacional con el visto bueno de la Fiscalía, y por la cual se le ha retirado el pasaporte, se le ha prohibido salir de España y debe comparecer semanalmente en el juzgado.

El exempleado de banca está condenado en firme en Suiza por espionaje financiero agravado por haber intentado revelar con la famosa "lista Falciani" -avalada por el Tribunal Supremo como prueba incriminatoria- secretos de negocios a empresas privadas y organismos oficiales extranjeros.

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