Facua denuncia a 14 bancos por cobro de gastos de formalización de hipoteca

La Facua Andalucía ha iniciado una serie de denuncias contra catorce bancos por el cobro ilegal de los gastos de formalización de las hipotecas, que vienen repercutiendo a los usuarios y "se siguen negando a reembolsar pese a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo a finales de 2015".

En un comunicado, la Facua ha informado de que las denuncias, planteadas ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, reclaman la apertura de expedientes sancionadores que deriven en multas proporcionales a los beneficios obtenidos por la banca con esta práctica fraudulenta.

Las primeras denuncias han sido presentadas este miércoles por Facua Córdoba y se dirigen contra catorce entidades financieras "que se han negado de devolver el dinero a socios de la organización en esta provincia".

El presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, ha acudido a la sede de la Delegación del Gobierno andaluz para presentar las denuncias y la documentación que acredita la negativa de los bancos a reembolsar las cantidades cobradas ilícitamente a los consumidores.

Según, la Facua, 9.622 consumidores de las ocho provincias andaluzas se han sumado ya a la plataforma para batallar contra el cobro ilegal de los gastos de formalización de las hipotecas y la aplicación de las cláusulas suelo.

La organización ha recordado que los gastos de constitución de hipoteca ya han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo, en su sentencia 705/2015, de 23 de diciembre, por atribuir en exclusiva al consumidor, en la mayoría de los casos, todos los gastos, tributos y comisiones derivados de la constitución de la hipoteca.

En su sentencia, el alto tribunal recuerda que el artículo 89.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, define como cláusula abusiva "la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario".

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