Extremadura espera tener borrador de Ley de Mediación de Consumo antes verano

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales espera contar en el segundo trimestre de este año el borrador del Anteproyecto de Ley de Mediación en Consumo de Extremadura, cuyo objeto es hacer más accesible, ágil, menos costoso y satisfactorio para el ciudadano la resolución de conflictos en esta materia.

Así lo ha indicado hoy el titular de esta consejería, José María Vergeles, tras la firma de la declaración institucional para la constitución de un grupo de trabajo que elabore este ante proyecto.

El documento ha sido suscrito por e fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco; la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Isabel María Collado Castaño; la decana del Colegio Notarial de Extremadura, Angela Villanueva; y la decana territorial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, Ana Isabel Baltar.

También han suscrito la declaración, la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque; la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez-Pereda; y la presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura, Margarita Fernández Arroyo.

El consejero ha destacado la figura de la mediación como forma de resolución extrajudicial y la ha definido como la resolución de conflictos entre el consumidor y la empresa con la participación de un tercero que se convierte en mediador para llegar a esa solución, que en la actualidad suele ser la Junta Arbitral de Consumo.

Entre las ventajas de la mediación sobresale su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de la que hay que deslindar con claridad.

La mediación también permitirá la "desjudicialización" de determinados asuntos, que pueden tener una solución más adaptada a las necesidades e intereses de las partes en conflicto que la que pudiera derivarse de la previsión legal.

Con la declaración institucional se pretende desarrollar un texto que sirva de base para la tramitación del citado anteproyecto como instrumento eficaz y necesario para potenciar la defensa de los consumidores.

Para Isabel María Collado, es necesario acudir a otras formas de solución de conflictos como es la mediación y ha comentado que Extremadura hace tiempo que debía tener una ley como la que se va a elaborar.

Reconoce que la resolución extrajudicial de estas cuestiones también hará bajar la litigiosidad, ya las últimas reformas de leyes atribuyen a los letrados de la administración de justicia labores de mediación una vez iniciados los procedimientos judicial.

Por su parte, Ana Isabel Baltar ha afirmado que espera que salga una buena ley que resuelva las controversias que en materia de consumo surjan y que no sea necesaria la vía judicial, mientras que Angela Villanueva ha recordado el trabajo de conciliación y mediación que hacen los notarios, añadiendo que la futura ley recogerá la experiencia del notariado.

Asimismo, Aurelio Blanco ha indicado que al Ministerio Fiscal también le compete la defensa de los consumidores y usuarios y ha añadido que puede ser una ley muy interesante y que la ciudadanía vea protegidos sus intereses.

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