Expertos advierten del aumento de casos de blanqueo tras fraudes fiscales

Abogados y expertos advierten de la proliferación de los casos de blanqueo de dinero vinculados a fraudes fiscales, una circunstancia que atribuyen a la libre circulación de capitales y a las características de un sistema financiero "planetario" con medidas de prevención limitadas.

En opinión del inspector de Hacienda José María Peláez, no existe voluntad internacional de acabar con factores de riesgo como los paraísos fiscales, "refugios de la delincuencia mundial" en los que se han gestado alguno de los escándalos más recientes.

Destaca la eclosión de las 'offshore', sociedades constituidas fuera del país de residencia de su propietario donde no realizan ninguna actividad económica y que suelen estar domiciliadas en territorios que procuran ventajas fiscales.

Un auge motivado por la directiva sobre fiscalidad del ahorro, en vigor entre 2003 y 2015, con la que el Consejo Europeo pretendió poner fin a la evasión transfronteriza, problemática que, según los expertos, continúa reduciendo los ingresos procedentes de impuestos.

Peláez confía en que resulte de mayor efectividad la nueva normativa comunitaria en materia de blanqueo, la cual deberá ser traspuesta antes del 26 de junio y que ya contempla el delito fiscal como conducta subyacente.

Este hecho reaviva el debate judicial entre los partidarios y detractores de considerar el blanqueo en los casos en los que el dinero proceda de fraude al fisco.

Tales discrepancias se ven reflejadas en la propia doctrina del Tribunal Supremo a raíz del caso "Ballena Blanca", sentencia en la que la sala de lo Penal confirmó la condena a un matrimonio por la comisión en España de un delito de blanqueo procedente, a su vez, de un fraude cometido en Finlandia.

Los magistrados se ampararon entonces en la situación de países como Francia, Bélgica, Italia o Portugal, donde algunos tribunales admitían la evasión fiscal como conducta previa, ya que entendían que si las cantidades no hubieran sido defraudadas a la Hacienda pública, el patrimonio en cuestión no habría aumentado.

Sin embargo, la resolución contó con el voto particular de uno de los jueces, que rechazó que la omisión del pago de tributos produjera bien alguno y refutó que el dinero derivado de este impago recorriese circuitos ilícitos.

Para el director del servicio de estudios del Colegio de Registradores, Juan María Díaz Fraile, esta sinergia se intensifica en España, donde cada vez son más quienes se aferran a la figura de las sociedades limitadas para esconder la titularidad real de unas propiedades que suelen actuar como empresas pantalla.

Durante la presentación del libro Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales, Díaz Fraile expone que el derecho de sociedades español ha sido "complaciente" con la falta de transparencia, lo que ha permitido a las mercantiles esconderse, e incluso, ser secretas.

Además, identifica como debilidades el origen internacional de la normativa y su constante variabilidad, una "marea" que, dice, nunca ha estado dirigida con la suficiente claridad.

Ello hace que de las más de 15.000 actividades sospechosas que se detectan al año por fondos de origen desconocido o movimientos de efectivo de importe elevado, tan sólo una minoría puedan remitirse a la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac.

Así lo ha demostrado recientemente la memoria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, según la cual en 2015 el Sepblac atendió 4.757 alertas, un 2,5 % más respecto al año anterior, de las cuales el 83 % procedían de entidades bancarias.

Pese al incremento en las labores de vigilancia, los expertos reclaman medidas más estrictas que trasciendan la mera declaración de intenciones pues "pensar que quien ha tenido escrúpulos para delinquir vaya a decir la verdad es un espejismo y un ejercicio de autoengaño", afirma Díaz Fraile.

Más contundente se muestra Peláez, quien critica la dejadez de los países y pide que sea el "esquema de mando", esto es, el G-20, la OCDE y, a nivel regional, la Unión Europea, el que apueste, primero, por la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y después adopte medidas sancionadoras.

Sólo así, asegura, los Estados contarán con las herramientas necesarias para hacer frente a escándalos como el de los Papeles de Panamá, en el que se ha puesto de manifiesto "los intereses ocultos de muchos mandatarios mundiales".