El pleno se retrasa a petición de Puigdemont

El pleno del Parlament en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe abordar las consecuencias del referéndum se ha aplazado en el último momento y no podrá empezar a las 18 como estaba previsto.

El pleno se retrasa a petición del propio Puigdemont, según han informado a Europa Press fuentes del Govern, que también explican que ha pedido este retraso porque está teniendo contactos con mediadores internacionales.

Según otras fuentes, citadas por EFE, Puigdemont ha pedido retrasar el pleno una hora tras finalizar la reunión de fuerzas soberanistas en los despachos de Junts pel Sí en la que se ha abordado el contenido de la declaración de independencia, cuyas últimas versiones habían generado controversia interna, sobre todo por el rechazo inicial de la CUP.

En paralelo, y poco antes de las 18 horas, los grupos de la oposición PP y Ciudadanos han reclamado que se suspenda el pleno previsto para esta tarde, ante el temor de que pueda ser utilizado para declarar la independencia de Cataluña, una petición que ahora abordará la Junta de Portavoces.

Según el escrito presentado por ambas formaciones, se recuerda que la Ley del Referéndum fue suspendida unánimemente por el Tribunal Constitucional por su "manifiesta contrariedad" a la Constitución y el Estatut, y se "requirió al Parlament y a los miembros de la Mesa impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" los mandatos del Alto Tribunal.

"El president, tras conocer la suspensión del TC de la sesión del pleno en que se acordaba su comparecencia en aplicación de la ley del Referéndum, ha solicitado comparecer ante el pleno y ha manifestado pública y notoriamente la intención de dar aplicación a la mencionada ley y declarar así de manera ilegal la independencia", se añade.

Por ello, Cs y PP, aludiendo al artículo 71 del reglamento del Parlament, se pide la "urgente desconvocatoria" de la sesión del pleno, previo acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces.

Porque de seguir adelante sería un "flagrante incumplimiento del deber de los cargos públicos de respetar el principio de legalidad" y, por lo tanto, "una perturbación injustificable en el ejercicio del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad por parte de los diputados".