El Defensor pide fórmulas que eviten la discriminación entre contribuyentes

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido a las administraciones que abran un periodo de reflexión sobre las desigualdades en los regímenes tributarios autonómicos "excesivamente dispares" y que busquen fórmulas que eviten la discriminación entre los contribuyentes.

La demanda vienen incluida en el Informe Anual 2016 de esta institución que recoge unas 340 quejas sobre la Administración Tributaria, muchas de ellas centradas en los impuestos cedidos por el Estado a Andalucía, principalmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El informe detalla que la ciudadanía traslada sus discrepancias con las liquidaciones recibidas, califica de "excesivos o abusivos" los tipos impositivos y considera que se da un tratamiento "excesivamente gravoso" a las herencias y donaciones en relación con otras comunidades, por lo que plantean su urgente modificación.

Ante esta situación, el Defensor cree necesario abrir un periodo de reflexión acerca de la inequidades o desigualdades que puedan derivarse de la coexistencia dentro del Estado de regímenes tributarios autonómicos "excesivamente dispares" que introducen situaciones de "evidente discriminación" entre unos contribuyentes y otros en función de su lugar de residencia.

"Es necesario que se busquen fórmulas que limiten esas diferencias a unos márgenes que no impliquen situaciones de grave discriminación entre los contribuyentes, ni propicien prácticas de evasión fiscal que solo benefician a los más pudientes y perjudican a los más débiles", sostiene el Informe del Defensor.

Recuerda, no obstante, que el último año se han adoptados algunas modificaciones tributarias por parte de la Junta de Andalucía que considera un "avance" en esa dirección.

Entre ellas, la de "mayor calado" es el aumento de mínimo exento en las herencias recibidas por sujetos pasivos parientes directos, que ha pasado de 175.000 euros a 250.000 euros.

Además, para bases liquidables incluidas de entre 250.000 y 350.000 euros se ha creado una reducción variable de hasta 200.000 euros que corrige el denominado error de salto en el tramo de la tarifa, precisa el Defensor, que agrega que la institución estará vigilante a la aplicación de estas modificaciones.

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