El Consell atribuye el déficit a la financiación y a las condenas judiciales

La Conselleria de Hacienda atribuye el déficit registrado en 2018 en la Comunitat Valenciana, que fue del 1'29 % del PIB, a las restricciones en la financiación y al impacto de diversas sentencias judiciales por importe de 210 millones de euros, como la de las Torres de Benidorm o las tarifas de las ITV.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha señalado este viernes que, sin las restricciones que el Gobierno central aplicó a la financiación en términos de caja de la Comunitat Valenciana y las provisiones que se han tenido que llevar a cabo para pagar sentencias, se habría cumplido el objetivo de déficit para 2018.

Soler ha destacado en un comunicado que las comunidades que registraron una mayor cifra de déficit al cierre de 2018 fueron Murcia, con un 1,34 % del PIB, y la Comunitat Valenciana, con el 1,29 %, "curiosamente las dos autonomías peor financiadas del conjunto del país".

"Este hecho evidencia, una vez más, que la infrafinanciación es el principal escollo que tenemos para cumplir con el objetivo de déficit impuesto. El conjunto de comunidades autónomas partimos de situaciones muy diferentes, y así es muy difícil llegar todos al mismo punto", ha afirmado Soler.

La Conselleria destaca que el Gobierno asignó a la Generalitat para 2018 un incremento en los fondos de 110 millones, el menor de todas las autonomías en términos relativos, frente al aumento de 993 millones en 2017 y de 1.022 en 2016

Asimismo, señala que la deuda de la Comunitat Valenciana en 2018 supone el 41,7 % del PIB, lo que comporta una reducción de siete décimas respecto a 2017 y el menor incremento anual de toda la serie histórica que recoge el Banco de España.

Entre las sentencias a las que ha tenido que hacer frente el Consell y que han supuesto la provisión de 210 millones en 2018 figura la del Tribunal Supremo que obliga a demoler las Torres de Benidorm autorizadas en 2005 y un desembolso en indemnizaciones de 101 millones, aparte del coste de la demolición.

La Generalitat también ha tenido que provisionar 46,55 millones por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia que anuló el acuerdo del Consell de 2014 mediante el que se redujeron sin un estudio económico-financiero las tarifas de las concesionarias de la ITV en las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora, entre otras sentencias.

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